Pepinos de mar decomisados en Panamá. Foto/Cortesía ARAP

EFE

Fiscales de Centroamérica discuten en una reunión en Costa Rica acerca del fenómeno de los delitos ambientales que viene en crecimiento en la región y que afecta particularmente a las comunidades rurales.

El tema es el punto central de discusión de la sesión ordinaria del Consejo Centroamericano y del Caribe de Ministerios Públicos, que se lleva a cabo en Costa Rica este martes y miércoles con la participación de fiscales generales, fiscales adjuntos y fiscales ambientales.

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La fiscal general de Costa Rica, Emilia Navas, aseguró que una de las tareas en la región es colocar en el debate público la magnitud de los delitos ambientales y sus consecuencias, con el fin de buscar vías para un mejor combate.

"La situación es muy grave y las consecuencias también, pero lo que pretendemos es visibilizar el tema porque no hay suficiente información. Una de las tareas va a ser divulgar, no solo la magnitud, si no el trabajo que vamos a hacer de la mano con los fiscales ambientales", declaró Navas.

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La fiscal explicó que los delitos ambientales abarca diversos tipos de crímenes y que el esfuerzo de los fiscales irá dirigido a acciones para "cuidar la flora, la fauna, el agua y el medio ambiente, y por lo tanto la vida de los seres humanos".

Navas aseguró que una de las principales preocupaciones es el tráfico ilícito de vida silvestre, ya que la región cuenta con una gran riqueza natural que se está viendo amenazada.

La fiscal dijo que entre las principales limitaciones de la región para enfrentar el flagelo figuran la falta de recursos económicos y de personal capacitado en la materia.

En el evento también participa la representante adjunta para Centroamérica y el Caribe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Melissa Flynn, quien señaló a la corrupción como un componente importante en los delitos ambientales.

"Este delito no solo está teniendo un efecto devastador en la vida silvestre y los bosques, sino en las personas y sus medios de vida, socavando los esfuerzos de las comunidades rurales y los pueblos indígenas para manejar sus recursos naturales de forma sostenible", aseguró Flynn.

La representante regional de UNODC detalló que la corrupción en el ámbito ambiental se puede presentar desde la adjudicación de permisos ambientales en forma ilegítima hasta mediante los sobornos a las autoridades.

Flynn también señaló que las malas condiciones socioeconómicas en algunas zonas de la región también hace vulnerables a las comunidades ante la penetración de fenómenos de crimen organizado.

"Las comunidades vulnerables son explotadas por los delincuentes y pueden verse involucradas debido a su insegura situación económica. Los ecosistemas frágiles son destruidos y los hábitats degradados", aseveró Flynn.

Los delitos ambientales también se asocian muchas veces a otros fenómenos como el narcotráfico, lo que provoca además de daños a los ecosistemas riesgos de seguridad, coincidieron las autoridades en el foro.

Flynn comentó que la región está expuesta a pérdidas de ingresos fiscales, reducción de empresas formales y debilitamiento de la justicia penal por la falta de legislación y regulaciones adecuadas para combatir los crímenes ambientales.

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