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El Salvador: Continúan las críticas por Juicios colectivos a pandilleros

Casi 72.000 presuntos pandilleros están presos en El Salvador en virtud del régimen de excepción, que permite arrestos sin orden judicial

La decisión de llevar a juicios colectivos a miles de presuntos pandilleros presos en El Salvador fue rechazada por organismos de derechos humanos y jueces, que afirman que es una medida populista para favorecer la reelección del presidente Nayib Bukele.

La norma aprobada el miércoles por el Congreso, en virtud del régimen de excepción en vigor desde marzo de 2022, conducirá a que unos 900 reos enfrenten un mismo juicio, lo que implica una "violación de los derechos a la defensa", según Amnistía Internacional (AI).

Casi 72.000 presuntos pandilleros están presos en El Salvador en virtud del régimen de excepción, que permite arrestos sin orden judicial.

Además, Bukele construyó una megacárcel para 40.000 pandilleros, considerada la prisión "más grande de América", con un duro régimen de reclusión que también es denunciado por grupos de derechos humanos.

Juicios colectivos, condenas rápidas

La medida fue rechazada por el juez Antonio Durán, un crítico del régimen de excepción, quien afirmó que busca "tener condenas masivas y rápidas". Los juicios colectivos fueron aprobados seis meses antes de los comicios, mientras Bukele goza de alta popularidad por su "guerra" contra las pandillas, que elevó los niveles de seguridad en el país.

"Esto de los juicios masivos contradice un principio que es el principio de responsabilidad, la responsabilidad es individual", indicó el juez Durán. "Esto de los juicios masivos contradice un principio que es el principio de responsabilidad, la responsabilidad es individual", indicó el juez Durán.

Para la ONG Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) con estos juicios será "imposible" garantizar "un juicio justo y un derecho a la defensa".

El director ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, Miguel Montenegro, atribuyó a motivos electorales este decreto aprobado con los votos del oficialismo, que controla el Congreso.

El decreto establece que los detenidos bajo el régimen de excepción pueden estar hasta 24 meses presos sin ser llevados a juicio o liberados. La ONG Cristosal señaló que el decreto busca resolver "una serie de procesos que carecen de fuerza y solidez probatoria".

FUENTE: AFP