Un informe divulgado esta semana por el Departamento de Estado de los Estados Unidos califica a Panamá como un lugar de tránsito y destino para la trata de personas, y lo ubica entre los países cuyos gobiernos no cumplen plenamente los estándares mínimos en el combate contra el tráfico humano, aunque reconoce los “esfuerzos significativos” que está haciendo.
En el Informe sobre Tráfico de Personas 2016 , EEUU analizó 188 países según sus legislaciones, medidas adoptadas y sistemas de apoyo a víctimas, y clasificó en cuatro niveles.
Modestos avances como un aumento en el número de detenciones e investigaciones iniciadas, ubicaron a Panamá en el Nivel 2 , sin embargo EEUU también destacó una serie de deficiencias.
Traficantes utilizan a Panamá como ruta de tránsito o destino de hombres, mujeres y niños que son sometidos al tráfico sexual o trabajo forzado.
Las víctimas extranjeras de trata de personas son en su mayoría mujeres provenientes de Brasil, Colombia, Venezuela, Cuba, República Dominicana, Honduras y Nicaragua, quienes son engañadas con promesas de buenos trabajos y salarios, ya sea como servicio doméstico o en industria hotelera.
Éstas pagan hasta B/.3,800.00 para venir a Panamá, pero terminan siendo obligadas a someterse a explotación sexual en clubes nocturnos o a trabajo esclavo para cumplir con el pago de sus “rentas”. Las panameñas también son vulnerables al tráfico sexual en otros países, incluyendo Bahamas y Guyana.
EEUU señala que hombres nicaraguenses y colombianos también están siendo objeto de explotación laboral en el país, en sector construcción, agrícola y minería. Igualmente destaca casos recientes de personas provenientes de China, que son sometidas a trabajo forzado “por deuda” en lavanderías, abarroterías y otros comercios pequeños de propietarios chinos.
Autoridades panameñas han iniciado en el último año 17 investigaciones (10 por tráfico sexual y 7 trabajo esclavo), versus 11 en el período anterior; y detuvo a 38 traficantes. Se identificaron 56 víctimas (54 extranjeros y 2 panameños), de las cuales 49 fueron sometidas a tráfico sexual y 7 a trabajo forzado).
Entre las deficiencias que destaca el informe están las insuficientes medidas de protección a víctimas, falta de coordinación entre entidades y recursos.
Recomiendan al Gobierno de Panamá:
- Asignar fondos para servicios especializados a víctimas, a fin de que abarcar más que una evaluación médica, y procurar asistencia legal y albergue.
- Aumentar recurso humano y esfuerzo con respecto a investigaciones proactivas y acciones para perseguir el tráfico humano.
- Mejorar la coordinación entre entidades, así como la estandarización de mecanismos regionales y registro e intercambio de datos.
- Desarrollar e institucionalizar entrenamientos a funcionarios, especialmente fronterizos y de migración, para la identificación de casos y población vulnerable.