Lola Barcala, abogada de la Fundación X-ella’s y representante legal de cinco obreros extranjeros víctimas de explotación laboral, solicitó al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), que revise el caso donde se vincula a la empresa constructora Rodsa, de no pagarles las prestaciones laborales a sus defendidos, tras concluir el proyecto.
Indicó que en base al artículo 89 del Código de Trabajo “se establece que si el subcontratista no cumple con el pago a los trabajadores, la empresa principal tiene que asumir el pago de los mismos, es decir que Rodsa debería pagarle a los extrabajadores la remuneración y sus honorarios, ya que les consta que a través del supervisor de la obra estas personas trabajaron dentro del proyecto”.
El grupo de extranjeros en compañía de Barcala narró en la edición matutina de Telemetro Reporta como fueron víctimas de trata de personas y el calvario laboral a los que fueron sometidos por un subcontratista de nombre Rómulo Ledezma en el programa Techos de Esperanza, que lleva adelante el Gobierno a través del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) en el corregimiento de Bahía Honda, en Macaracas, provincia de Los Santos.
Explicaron que durante nueve meses construyeron 23 viviendas, se les quitó los pasaportes y otros documentos personales, su única alimentación era sardina y pan los primeros meses; y estaban durmiendo a la intemperie en una casa del lugar.
Al cuestionar al subcontratista sus prestaciones laborales por concluir el proyecto, fueron despedidos y en un supuesta “componenda” entre la exfiscal de circuito, Dalilia De La Fuente, la hija de ella y la fiscal superior del Cuarto Distrito Judicial, Enereida Barría entre otros, fueron acusados de la presunta comisión del delito de extorsión en perjuicio de la empresa que los contrató, quedando detenidos provisionalmente durante seis meses.
Posteriormente, a los venezolanos y nicaragüenses se les otorgó libertad absoluta porque se consideraron que eran víctimas de trata y, por tanto, nunca extorsionaron a la empresa.
Barcala hizo un llamado a la Comisión Nacional contra la Trata de Personas del Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) para que vean las violaciones de derechos humanos a los que fueron sometidos los extrabajadores y pidió que tomen en cuenta la condición de ilegalidad que mantienen las cinco personas.
"Estamos violentando e incumpliendo los convenios internacionales de los cuales se encuentra adscritos Panamá, ya que son víctimas y no han recibido ni un carné de residencia temporal, ellos están en el refugio sin recibir apoyo del Gobierno”, explicó la jurista.
La jurista espera que el Ministerio Público (MP), continúe con las dos investigaciones que lleva tanto por el delito de trata de personas, como la investigación en contra de la exfiscal superior del Cuarto Distrito Judicial, Enereida Barría y la exfiscal de circuito, Dalilia De La Fuente, quienes fueron despedidas en el pasado mes de marzo.
FUENTE: Odalis Núñez
