Aprueban en tercer debate al Proyecto de Ley 281

Nimay González

El Pleno de la Asamblea Nacional de Panamá aprobó este miércoles en tercer debate al Proyecto de Ley 281, que establece medidas de interés social frente a la emergencia nacional sanitaria.

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El documento establece que el Ministerio de Economía y Finanzas y la Superintendencia de Bancos de Panamá deberán adoptar medidas regulatorias necesarias y mecanismos para flexibilizar temporalmente, a través de una moratoria, las obligaciones de naturaleza personal, comercial y agropecuaria de las personas naturales y jurídicas derivadas de la situación de emergencia sanitaria.

Los empleadores públicos y privados deberán promover el teletrabajo y el Estado promoverá beneficios fiscales para aquellos empleadores que opten por no reducir sus planillas durante la vigencia de la emergencia sanitaria.

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) deberá garantizar que a nadie se le suspendan los servicios públicos durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria. Esto debe incluir, pero no limitarse, agua potable, energía eléctrica y telecomunicaciones, así como el establecimiento de medidas para el pago de las morosidades en que se puedan incurrir.

El Ministerio de Educación (Meduca) deberá establecer y comunicar un plan de recuperación de la carga académica pérdida por la emergencia, el cual deberá tomar en cuenta a las personas con discapacidad que formen parte del sistema educativo. También tendrá que establecer, junto a los colegios particulares y padres de familia, la suspensión, reducción o diferimiento del pago de los costos establecidos en los contratos educativos.

Por otro lado, se suspenden los términos y se interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales para todos los procesos jurisdiccionales y administrativos; y el computo de los plazos se reanudará al día siguiente que pierda vigencia la declaración de emergencia sanitaria.

El Ministerio de Comercio e Industrias y la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), deberán adoptar medidas para garantizar el abastecimiento del mercado y el funcionamiento de los centros de producción de aquellos productos necesarios para la protección de la salud pública, así como controlar los precios de los mismos.

El Consejo de Gabinete podrá ordenar medidas de contención laboral, contención educativa, contención para la actividad comercial, contención para asegurar el suministro de bienes y servicios necesarios para la protección de la salud pública, para garantizar el suministro y la calidad de los servicios públicos. flexibilizar los compromisos bancarios, de traslados extraordinarios de fondos y competencias a los gobiernos locales y en materia de transporte y comunicaciones.

Todas estas medidas deberán ser tomadas en común acuerdo con el ministerio correspondiente bajo la supervisión y orden de la Presidencia de la República.

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