Panamá Nacionales -  6 de abril 2020 - 23:12hs

Pasa a tercer debate proyecto de moratoria para personas afectadas económicamente por COVID-19

Catherine Perea
Por Catherine Perea

El Pleno de la Asamblea Nacional (AN) aprobó este 6 de abril el proyecto de ley 287 que da una moratoria por 90 días al pago de préstamos a entidades financieras, para personas afectadas económicamente por la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19.

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Durante la discusión en segundo debate, al proyecto se le realizaron varias modificaciones: los beneficios de esta ley solo serán aplicables para personas a quienes se le ha suspendido el contrato laboral a raíz de la crisis económica por la pandemia, y trabajadores independientes y comerciantes cuya actividad ha sido afectada por las medidas sanitarias decretadas por el Gobierno Nacional.

Quienes continúen recibiendo un salario fijo, no podrán acogerse a esta ley.

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Además, se agregó que el bono solidario que recibirán los trabajadores formales a los cuales se les ha suspendido provisionalmente su contrato laboral o trabajadores informales será a razón del costo de la canasta básica familiar.

De acuerdo con el documento, se suspende por un término de 90 días prorrogables a nivel de la administración pública las obligaciones tributarias de pago, retención y cobros de impuestos, tasas, contribuciones especiales y sobretasas, tanto de tributos nacionales como municipales.

También se suspende los términos de recursos de reconsideración y apelación en la vía gobernativa tributaria ante la Dirección General de Ingresos (DGI), retención y cobro de las cuotas obrero patronales de la Caja de Seguro Social (CSS) y suspensión de cobro y pagos de servicio público de agua que brinda el Estado.

Mediante este proyecto, también se suspende por el mismo término el pago de préstamos hipotecarios, comerciales y agropecuarios otorgados por instituciones bancarias y financieras tanto públicas como privadas.

Además, se suspende el pago de mensualidades de las escuelas privadas, transposte escolar y cobros y pagos por el servicio público de electricidad, y de telefonía residencial y móvil de contratos fijos que brindan las empresas privadas.

El proyecto indica que mientras duren las medidas de suspensión de obligaciones después de finalizadas las mismas, las instituciones bancarias y financieras no podrán aumentar las tasas de interés a los préstamos.

Por otro lado, se suspende por el mismo termino el cobro de cánones por arrendamientos de oficinas, locales comerciales y habitacionales entre particulares y cobro de cánones por arrendamientos de oficinas, locales comerciales y habitacionales entre cualquier institución gubernamental del Estado y particulares.

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