El Ministerio Público (MP) de Panamá dio a conocer este sábado que ha dado inicio a una investigación de oficio con relación a la compra de ventiladores a través del Viceministerio de la Presidencia.
Detalla que la investigación se desarrollará por la presunta comisión de delito Contra la Administración Pública, luego de surgieran advertencias en medios de comunicación social sobre una posible afectación al patrimonio del Estado.
"De acuerdo a la información publicada el monto de la compra sería por el monto de B/. 5.2 millones, dentro de los actos de investigación el Ministerio Público solicita información a otras instituciones para conocer los detalles sobre el proceso de contratación, la empresa involucrada y los funcionarios a cargo de dicha compra. La investigación se realiza en base al Título Décimo, Capítulo Primero del Código Penal que regula las diferentes formas de peculado", explicó Ana Vázquez, Fiscal Adjunta Anticorrupción.
Según anunció el Gobierno Nacional, en los próximos diez días llegarán al país cien respiradores portátiles, explicando que debido a la crisis mundial por el nuevo coronavirus los precios han pasado de “6 mil y 10 mil balboas en tiempos de paz, a entre 25 mil a 30 mil balboas”, a lo cual agrega que Panamá pagará más de B/.48 mil por unidad, ya que ha solicitado un tiempo de entrega menor.
Por su parte, la Contraloría General de la República advirtió mediante un comunicado que el proceso de compra será auditado con la asistencia de las máximas autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y el orden en el país de origen, incluyendo el costo de producción y de venta de esos ventiladores y los mecanismos de exportación, para garantizar a Panamá que solo se pague un precio justo y razonable.
Agrega que comprende que se intente pagar una prima por entrega inmediata frente a la urgencia que se requiere para garantizar los ventiladores artificiales a pacientes en estado crítico debido al COVID-19, sin embargo, por encima de las circunstancias, esa prima también será debidamente auditada para garantizar que no sea excesiva ni abusiva.
"La Contraloría comprende la urgencia de garantizar los ventiladores artificiales a pacientes en estado crítico, sin embargo, por la misión que compete a la Contraloría General de la República estamos convencidos de que entre, mejor se gestionen los fondos durante esta pandemia, el Órgano Ejecutivo podrá llevar soluciones a más panameños necesitados", enfatiza.
Además, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) informó que pedirá a la Presidencia de la República un informe explicativo sobre esta compra, los documentos que justifican la adquisición y el estatus en que se encuentra actualmente.
"Se hace esta solicitud para que la ciudadanía tenga la tranquilidad de saber cómo se están manejando los recursos en este estado de emergencia nacional... las acciones gubernamentales deben acompañar en este momento, la tenacidad de los trabajadores del sector salud, que están trabajando arduamente para garantizar la salud de todos los panameños", indicó la directora de Antai, Elsa Fernández, Directora.
Asimismo reiteró el llamado a las autoridades para que sean oportunos en la rendición de cuentas, recordando que el acceso a la información es un derecho fundamental de todos los ciudadanos y debe de garantizarse incluso en estado de emergencia nacional.
"La Ley 33 de 2013, da la facultad de contribuir a que la administración pública se ejecute en un marco de legalidad e integridad, en el que los derechos de los ciudadanos estén protegidos, siendo ellos los beneficiarios legítimos de la administración", indicó Fernández.