El pleno de la Asamblea Nacional de Diputados (AN)

Odalis Núñez

El pleno de la Asamblea Nacional (AN), aprobó en segundo debate el proyecto de Ley N° 287, que establece medidas económicas y financieras para contrarrestar los efectos del COVID -19 en Panamá, tras ser objetada parcialmente por el Ejecutivo.

El proyecto establece una moratoria bancaria hasta el 31 diciembre de 2020, y esta medida se extiende a cooperativas y financieras.

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Durante la segunda vuelta de la discusión de la iniciativa se realizaron modificaciones a los artículos 2, 4, 5 7 y; y se eliminó el 3 del documento original.

El tercer debate se iniciará este jueves desde las 10:00 a.m.

El documento en el artículo 4 señala que una vez vencido el término de la moratoria establecido en la presente ley, los acreedores de común acuerdo con el deudor deberán establecer los mecanismos necesarios para que el deudor cliente pueda retomar y prorratear el pago de sus compromisos, sin que ello conlleve el cobro de recargo por mora o cualquier otro pago en concepto de pago administrativo, ni afectaciones en su referencia de crédito.

Mientras que el artículo 7 establece que las entidades bancarias, cooperativas y las financieras no efectuarán cobros ni devengarán recargos o cualquier tipo de cobros adicional por falta de pagos, pagos atrasados o cualquier otro motivo, sobre todo los créditos de consumo y tarjeta de crédito hasta el 31  de diciembre del 2020, contados a partir de la promulgación de esta ley.

El artículo 3 eliminado establecía la suspensión por noventa (90) días, a partir del 1 de marzo de 2020, en el cobro de los cánones de arrendamiento de oficinas, locales comerciales y habitacionales en todo la República de Panamá.

El diputado independiente Juan Diego Vásquez y el diputado, Luis Ernesto Carles manifestaron su disconformidad, luego que las bancadas mayoritarias votaron en contra del bono solidario a razón de B/.300 dólares mensuales. La votación quedó 14 votos a favor y 36 en contra.

Durante la discusión, Vásquez explicó que el Hemiciclo Legislativo ahora le toca decidir la legalidad y constitucionalidad del proyecto o hasta dónde será modificada, cuestionando la conducta “irresponsable del Ejecutivo que decidió vetar por inconstitucional”.  

“En mi opinión la Asamblea no debe aceptar que como hasta la fecha el monto del bono solidario quede a discreción del presidente, ya que eso hasta el momento a demostrado una desconexión del mismo con la necesidades real de la ciudadanía”, dijo Vásquez.

Por su parte, el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Leandro Ávila reiteró que la moratoria debe proyectarse más allá del 31 de diciembre, porque no hay certeza que esta pandemia, más la crisis económica mundial que nos afecta culmine a final de año.

Agregó que  dentro del veto se debe agregar un parágrafo  o un artículo que le de facultad al Órgano Ejecutivo para que después de haber cumplido su compromiso con la banca a finales del año,  pueda renegociar, si fuera necesario, más allá del 31 de diciembre.

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