Ernesto Pérez Balladares, expresidente de Panamá (1994-1999)

Teiga Castrellón

Luego de que Corporación La Prensa informara este sábado sobre el secuestro de sus acciones y cuentas bancarias por parte del expresidente de Panamá Ernesto Pérez Balladares (1994-1999), éste indicó a través de su web que la ejecución de este secuestro no coarta de ninguna manera el ejercicio de la libre actividad periodística a la que tiene derecho el mencionado medio y mucho menos a la libertad de prensa en el país.

Pérez Balladares indica en una nota que los abogados demandantes solicitaron la acción amparándose en lo dispuesto en el artículo 533 y siguientes del Código Judicial, con la finalidad de evitar que el proceso civil en contra de la Corporación La Prensa sea ilusorio en sus efectos.

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"Es decir, la orden de secuestro corresponde a la evolución natural del caso N° 20896, en el que ambas partes han ejercido las acciones legales que contempla la Constitución de la República de Panamá y las leyes complementarias que salvaguardan los derechos de todos los ciudadanos", explica la nota.

El exmandatario señala que la medida cautelar está encaminada a garantizar las acciones legales que emprendió en 2012 contra este diario por la difusión de información falsa en una serie de artículos publicados el 21 y 22 de marzo de 2011 en las versiones impresa y digital de dicho medio.

"En esa oportunidad las notas periodísticas hicieron alusión directa y sin fundamento de que el exmandatario estaba involucrado en un caso de blanqueo de capitales que era investigado por la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada del Ministerio Público", indica el comunicado de Pérez Balladares. 

El expresidente añade que a pesar de que se demostró ampliamente que esos señalamientos eran falsos, La Prensa no tuvo la disposición de retractarse.

Por lo que en marzo de 2012 el expresidente introdujo una demanda civil por 5.5 millones de dólares en contra de La Prensa por daños y perjuicio, al vincularlo de manera intencional e injuriante al blanqueo de capitales. 

Entre sus alegatos Pérez Balladares no solo destaca el daño moral y el desprestigio nacional e internacional de su imagen, sino la posible presión mediática indebida hacia el juez que atendería una audiencia preliminar a la que el expresidente debía acudir por aquel caso". 

Además en un hilo en Twitter, Pérez Balladares señaló que como empresa o medio de comunicación, "La Prensa tiene la responsabilidad si quieren seguir operando, de mantener a sus trabajadores, consignando en el tribunal la suma por la que se decretó el secuestro".

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