Vistas de diputados en la Asamblea Nacional

Linda Batista

Considerando que los casos de corrupción en Panamá no cesan y la justicia no los alcanza, el diputado de la bancada independiente, Juan Diego Vásquez, cuestionó que miembros de la Asamblea Nacional elijan no discutir propuestas anticorrupción presentadas desde el primer periodo legislativo de este Gobierno.

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"Existen alrededor de una decena de propuestas anticorrupción, propuestas en su gran mayoría, yo diría que más del 70%, por diputados de la bancada independiente, como mi persona y el diputado Silva, que buscan, entre otras cosas, establecer la no prescripción de la acción penal de los delitos contra la administración pública; pero no han pasado siquiera a primer debate", sostuvo Vásquez.

Explicó que la Comisión de Gobierno del periodo legislativo anterior sí prohijó las iniciativas presentadas pero no la llevaron a primer debate; mientras que la actual, en los meses que lleva, no ha abordado propuestas relacionadas al tema.

Por su parte, "el Órgano Ejecutivo, con una irresponsabilidad, presentó un proyecto de ley al principio de la pandemia, en el que pretendía subir las penas por el delito de vandalismo ante el supuesto aumento de casos... cuando llegó a primer debate, le cambiamos la nomenclatura y le agregamos un agravante, y lo mismo se lo pusimos a delitos contra la administración pública, y ahí no lo quisieron debatir... cuando se trata de los pobres, que no justifico los delitos, sí hacemos, sí debatimos, pero cuando afecta a altos cargos, no", cuestionó, tras resaltar que "las penas por corrupción en Panamá son muy bajas".

En cuanto a la polémica planilla 172, el diputado Vásquez cuestionó que se efectuaran contrataciones en un periodo que calificó como cementerio, dado que no hubo mayor productividad en la Asamblea Nacional.

"La Asamblea era un cementerio durante los primeros meses de la pandemia... ¿cómo es posible que en esos mismos meses la entidad contrató a varias personas y el contralor refrendó eso?", acotó.

Dijo que el problema de las planillas es de larga data, y considera injustificable "pensar que hay personas que cobran del Estado y no trabajan".

Por su parte, exigió al contralor general de la República, Gerardo Solís, quien dijo que se publicará la lista de contratados y que "en el Gobierno pasado se gastaron B/.165 millones, mientras este Gobierno solo ha pagado B/.8 millones", que explique por qué eso no está publicado ya y que diga cómo le pareció normal B/.8 millones en este momento.

"No es que antes robaban más y ahora roban menos... todos los anteriores que robaron deben rendir cuentas, pero eso no quita la responsabilidad a esta administración", precisó.

Agregó que un país sin Asamblea es un país sin democracia, pero para que exista democracia, la Asamblea "debe estar a la altura de la realidad nacional".

Explicó que el tema de la dualidad no es solo ver si una persona trabaja en una entidad y en la Asamblea por servicios profesionales, sino que va más allá. "En la Asamblea no hay ingenieros agrónomos porque eso le corresponde al MIDA. Si yo quiero debatir un proyecto sobre esto, puedo contratar a un agrónomo por algo específico y por un tiempo determinado, pero si tengo mil abogados en la asamblea, ¿por qué debo contratar otros?", concluyó.

La Asamblea tiene un total de 5428 trabajadores.

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