Panamá Nacionales -  12 de julio de 2022 - 14:45

Libertad Ciudadana insta al Estado a garantizar la paz social y a atender las solicitudes para el buen uso de los recursos

Según la fundación el Estado necesita hacer esto para lograr el encausamiento de las tensiones sociales hacia una convivencia pacífica en un Estado democrático y de derecho.

"Hacemos un llamado a los tres poderes del Estado para que se garantice la paz social y se atiendan las solicitudes que exigen el buen uso de los recursos y el cese del despilfarro del cual estamos siendo testigos a través de los medios de comunicación, a fin de lograr el encausamiento de las tensiones sociales para una convivencia pacífica en un Estado democrático y de derecho", indicó en un comunicado la FDLC-TI Panamá.

La fundación indicó que las protestas se han iniciado ante una gestión administrativa gubernamental caracterizada por un flujo de caja negativo y un dramático endeudamiento público que se destina a lo que aparentan ser usos discrecionales movidos por objetivos políticos, y no a prestar los servicios públicos con dignidad y menos a la creación de empleos y oportunidades, mientras las personas ven con desesperación que el alto costo de todo lo básico en alimentación, salud y transporte las empuja a situaciones límite y a la debilitación de sus derechos humanos.

La preocupación de este organismo es que "en estos tres años de gestión gubernamental, se ha dado un retroceso en la transparencia de los datos públicos, una mayor debilidad en las instituciones de control, aumento de la planilla estatal y un descaro en los esquemas político-clientelismo con el dinero público, lo que lleva a diversas formas de corrupción".

Mientras que sobre el derecho a la protesta señala que ésta cumple un rol esencial en dar visibilidad a reclamos que requieren ser atendidos y voces que deben ser escuchadas en una sociedad democrática, por lo que ante la situación en que se comprometa gravemente la garantía de otros derechos fundamentales y afectaciones a terceros, se acentúa el deber del Estado de facilitar todos los mecanismos de diálogo posibles y trabajar en pro de la realización de los derechos humanos de todos.

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