Tras la decisión adoptada la noche del lunes por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que declaró inconstitucional el contrato entre el Estado panameño y Panama Ports Company (PPC) para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal, la empresa reaccionó señalando que no ha sido notificada formalmente del fallo.
No obstante, PPC afirmó que la decisión es “incompatible con el marco jurídico pertinente y con la ley que aprobó el contrato”, y que además carece de fundamento jurídico, lo que —a su juicio— afecta el Estado de derecho y la seguridad jurídica del país.
Inversiones y generación de empleo en Panama Ports Company
En un comunicado, Panama Ports Company destacó que durante sus 28 años de operaciones en Panamá ha realizado inversiones por 1,800 millones de dólares, destinadas a infraestructura, tecnología y desarrollo humano, además de haber generado miles de empleos directos e indirectos.
Posibles acciones legales
PPC indicó además que se reserva todos sus derechos de manera permanente, incluyendo el recurso a procedimientos legales e internacionales, ante lo que consideran una decisión que vulnera el marco legal bajo el cual fue otorgada la concesión.
La reacción de la empresa se produce en medio de un escenario de alta expectativa nacional, tras el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional el contrato ley y su prórroga, y luego de que la Contraloría General de la República señalara un perjuicio millonario al Estado, según auditorías divulgadas en 2025.
Se espera que en los próximos días se conozcan mayores detalles del contenido completo del fallo, así como la posición oficial del Estado panameño frente a los señalamientos de la empresa concesionaria.
