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Retoman discusión de proyecto que regula el conflicto de intereses en el sector público

La iniciativa busca regular las medidas para evitar situaciones de conflicto de intereses por parte de servidores públicos, en especial los de altos cargos.

El presidente del Órgano Legislativo, Crispiano Adames, indicó que se espera que “se propicie el debate más profundo y estructurado, de parte de las instituciones que acompañan el análisis”.

Adames agregó que se le pidió a la Comisión de Gobierno imprimir toda la "laboriosidad" en el debate.

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Se trata de una iniciativa que busca que la Contraloría General de la República y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) sean las entidades responsables de verificar que los funcionarios no incurran en conflictos de intereses.

De acuerdo con este proyecto de ley, “hay conflicto de intereses cuando los servidores públicos, en especial aquellos que detentan altos cargos en el Estado, intervienen en las decisiones relacionadas con asuntos en los que confluyen a la vez intereses de su puesto público e intereses personales”.

El proyecto 329 establece que los servidores públicos no podrán hacer uso de su condición para beneficiarse ni pedir tratos favorables, y deberán manejar información de forma discreta y no compartir a una tercera persona de forma privada.

Asimismo, no podrán aceptar regalos, donaciones, favores, invitaciones o servicios en condiciones ventajosas que puedan malinterpretarse.

Además, los altos cargos del Estado no podrán contratar a familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad incluyendo a su cónyuge en la entidad en la que son titulares, así como deberán abstenerse de solicitar su nombramiento ante cualquier otro cargo. Mientras que los servidores públicos electos por votación popular no podrán contratar directa ni indirectamente a sus donantes de campaña cuyas donaciones superan los B/.10,000.00.

El proyecto también indica que queda prohibido a los altos cargos formar parte de la junta directiva de federaciones, movimientos, organización o fundación de interés privado sin fines de lucro reconocidas por el Ministerio de Gobierno, o cualquier otro ente que reciba fondos del Estado, mientras esté en ejercicio del cargo.

En caso de detectarse algún incumplimiento, la Contraloría remitirá un informe a la Antai para que inicie las investigaciones y, de ser comprobada la irregularidad, solicite, a quien corresponda, imponer la sanción pertinente.

Con la colaboración de Félix Chávez, periodista de EcoNews.