Más de 40 mdd blanqueados y 33 personas vinculadas al caso Blue Apple Services

La procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, reveló este lunes detalles sobre la investigación compleja denominada Caso Blue Apple Services o "BAS", la cual inició en septiembre de 2017 por el pago indebido a funcionarios públicos a través de sociedades anónimas.

Detalló que entre las sociedades se encuentran: Blue Apple Services Inc., Dover Agency Inc., Blanch International Inc., Nightmare Overseas Corp. y Corporación Libuma S. A., y se encuentran vinculadas las empresas: Constructora Conalvias S. A., Constructora Meco S.A., Constructora Rodsa S.A., Constructora Bagatrac S.A., Ingenería REC S.A., GS Contractors (Grupo Corporativo GS S.A.) y Concepto y Espacios S.A.

Los pagos indebidos debían ser depositados a la sociedad anónima “Blue Apple Services”, que a través de cinco cuentas bancarias en tres distintos bancos de la localidad, logró blanquear 40 millones de dólares, de los cuales se han podido recuperar 20 millones de dólares y 5 millones de dólares en bienes aprehendidos.

Además se ha vinculado a 33 personas con los delitos de corrupción, lavado de dinero y asociación ilícita para delinquir, de las cuales uno es un exoficial bancario, un abogado particular, 3 exfuncionarios públicos, y 7 empresarios; además se han realizado 5 acuerdos de colaboración eficaz, de los cuales 3 han sido validados por la autoridad jurisdiccional.

“Los hechos que se investigan han demostrado que exfuncionarios públicos del Ministerio de Obras Públicas y Ministerio de Vivienda, le exigieron a empresarios del sector de la construcción, que mantenían contratos adjudicados con el Estado para el periodo 2011 al 2012, un porcentaje relacionado con el valor de la obra, a cambio de la agilización de los trámites administrativos para la ejecución de la obra, así como los desembolsos de dinero del Estado a favor del respectivo contratista, de no hacerlo, se dificultarían las gestiones de cobro por los avance de obra, entre otras afectaciones”, explicó.

Agregó que en cuanto al delito de corrupción, cuya pena para los servidores públicos es de 2-4 y de 3-6 años para los particulares. Los empresarios, como particulares ya han rendido indagatoria y han aportado pruebas sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se dieron los hechos, han identificado para quiénes era el dinero, cómo se ejecutaba el delito, quiénes integraban la organización criminal, el uso de facturas falsas para dar apariencia de licitud al dinero, el destino de las ganancias, además de devolver el dinero ilícito.

Con relación al delito de blanqueo de capitales, cuya pena es de 5-12 años de prisión, están siendo procesadas 21 personas, de las cuales 3 están sujetas a detención preventiva y la fiscalía ampliará la formulación de cargos a otras personas. Mientras que al delito de asociación ilícita para delinquir, cuya pena es de 6 a 12 años de prisión cuando el fin es Blanqueo de Capitales, están siendo procesadas 3 personas, de los cuales 2 están sujeto a detención preventiva.

Por otro lado, añadió que han tramitado asistencias internacionales a los Estados Unidos, China, Suiza, Islas Vírgenes Británicas (BVI) y Hong Kong, para la recuperación de estos activos transferidos por sociedades panameñas, entre las que se han identificado: Dejaf Investment Corp., Treasure Islands Development, S.A., Quadrille Managment, Corp., Jiu Shun International Co. Ltd., Energy Corporate Ltd., HB Engineering Corp., y la propia Nightmare Overseas, Corp.

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