El Gobierno español considera que la norma que permitió a la banca contabilizar como capital principal el 60 % de sus créditos fiscales (DTA, por sus siglas en inglés) no es una ayuda de Estado, ya que no es discriminatoria y permite a otras empresas beneficiarse de esta medida.
Esta es la reacción del Gobierno español a la decisión de la Comisión Europea de enviar un cuestionario solicitando información a España y también a Grecia, Portugal e Italia para determinar si hay razones para abrir una investigación formal por posibles ayudas ilegales a la banca en los respectivos países.
El Gobierno español aprobó a finales de 2013 un real decreto que hacía posible que los bancos sumaran unos 30.000 millones como capital, por impuestos pagados de más por gastos que podían deducirse.
A través de una modificación de la normativa fiscal del impuesto de sociedades, se permitió que buena parte de los DTA de la banca siguieran computando como capital de primera categoría, algo que "casi todos los países tienen", según recordó hoy a Efe fuentes del Ministerio de Economía.
Tanto es así que éste era el argumento por el que la banca española reclamaba al Gobierno que los créditos fiscales pudieran contar como capital para competir en igualdad de condiciones con las entidades del resto de Europa.
Pero además, aunque este cambio normativo beneficia especialmente a las entidades financieras, el Ministerio de Economía recuerda que no es específico de este sector y que puede ser aplicado por cualquier empresa.
De este modo, el Gobierno español sostiene que no se trata de una medida discriminatoria, por lo que ha actuado correctamente y no se puede considerar que sea una ayuda de Estado. La última palabra sobre este asunto la tiene la Comisión Europea (CE).
