WASHINGTON ( AFP ) La Organización de Estados Americanos (OEA) celebrará este viernes una asamblea de cancilleres en Washington para cerrar un largo proceso de reformas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin que haya logrado apaciguar divisiones entre sus miembros.
Hasta el momento, los cancilleres de Argentina, Colombia, Ecuador, México, Chile, Perú, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Grenada han confirmado su asistencia a la asamblea general extraordinaria sobre el futuro del ente autónomo de la OEA, según fuentes de la organización.
Estados Unidos enviará al subsecretario de Estado, William Burns, confirmó este jueves el Departamento de Estado.
Los funcionarios se sentarán a debatir un proyecto de resolución que aún produce desacuerdos entre los 34 miembros activos de la organización, para intentar ponerle punto final a un proceso impulsado principalmente por países críticos de la CIDH, como Ecuador, Venezuela y Nicaragua.
La piedra en el zapato es sobre todo la financiación de la CIDH.
Pero hay acuerdo en varios puntos de la declaración, entre ellos uno que acoge un pormenorizado documento que divulgó esta semana la CIDH en el que ella misma anuncia una serie de reformas de su reglamento que responden muchas de las inquietudes formuladas por diferentes países.
Entre los cambios, la CIDH clarifica procedimientos y precisa criterios para otorgar medidas cautelares y abrir casos, mientras amplía un polémico capítulo de su informe anual, que es una especie de lista negra que ha incluido por años a Cuba, Venezuela y Colombia, para hacer una evaluación general de la región.
Satisfechos con esas reformas, varias delegaciones, encabezadas por Estados Unidos y Canadá, quienes defienden a ultranza la independencia de la CIDH, han insistido desde hace semanas en que se cierre el proceso en la OEA, que se ha prolongado por casi dos años.
El propio secretario general de la organización, José Miguel Insulza, llegó a afirmar recientemente que el "80%" de los señalamientos de los países han recibido respuesta.
Pero Ecuador, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, los países más beligerantes contra la CIDH, insisten en sus críticas, lo que llevó al expresidente colombiano César Gaviria a acusarlos esta semana de querer limitar la autonomía del ente.
Estos países impulsan las propuestas emanadas de una conferencia organizada en Ecuador hace dos semanas, y que entre otras cosas pedían prohibir la financiación de la CIDH fuera de la región y dar las mismas capacidades a todas las relatorías del ente, lo que equivaldría a debilitar la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión.
Pero el proyecto de resolución de la OEA se limita a comprometerse al "pleno financiamiento" de su sistema de derechos humanos, y hasta que eso suceda permite fondos externos, y supedita el fortalecimiento de las relatorías a "un financiamiento adecuado".
El presidente de la CIDH, José de Jesús Orozco, alertó contra un "estrangulamiento" financiero si se le impide buscar donantes extrarregionales, al tiempo que volvió a insistir en que los fondos que le otorga anualmente la OEA le son insuficientes.
La OEA financia la mitad de su presupuesto de 9,5 millones de dólares, mientras que el resto proviene de cooperación internacional, pero la Relatoría sobre Libertad de Expresión se mantiene exclusivamente con donaciones.
La CIDH quiere que el viernes se cierre el proceso, para que pueda volver a dedicar toda su atención a la defensa de los derechos humanos, ya que considera que ya "cumplió con su compromiso" con su propio plan de reformas, que responde a "todas y cada una" de las recomendaciones que le ha hecho la OEA, dijo Orozco.
Insulza ha propuesto un fondo de capital de 100 millones de dólares para la Comisión y a la Corte Interamericana, una iniciativa aún no estudiada por los países de la región.
Durante todo el proceso, numerosas organizaciones no gubernamentales se han mantenido en alerta ante la posibilidad de que la OEA recorte la autonomía y las atribuciones de la CIDH, mientras que personalidades y expresidentes de la región han salido en su defensa.
Esperamos "que los y las cancilleres de las Américas tomen decisiones que no perjudiquen a las víctimas de violaciones de derechos humanos", dijo a la AFP la directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Viviana Krsticevic.
FUENTE: Agencia AFP