Los diputados españoles se disponían este jueves a enmendar simbólicamente un error del pasado, la expulsión de los judíos por los Reyes Católicos en 1492, con una ley que facilitará a sus descendientes la obtención de la nacionalidad.
El gobierno conservador español dice querer reparar un "error histórico" con esta medida, que garantizará la doble nacionalidad a los judíos con ancestros españoles, conocidos como sefardíes.
Con la anterior ley de 1924, el gobierno tenía poderes ilimitados para conceder a los sefardíes la nacionalidad, pero los candidatos tenían que renunciar a su anterior ciudadanía y residir en España.
Con el nuevo texto, los sefardíes podrán disfrutar de la doble nacionalidad, hasta ahora reservada a los ciudadanos de sus antiguas colonias latinoamericanas y a sus vecinos de Andorra y Portugal.
La ley dispone del apoyo de los grandes partidos y debería ser aprobada este jueves en la cámara baja del parlamento por un amplio margen.
"Es un día histórico, es un día importante, es un día emocionante", dijo a los periodistas el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Isaac Querub, en las escaleras del parlamento poco antes de la votación.
"Se abre una nueva era en las relaciones entre el mundo judío y la hispanidad. Quizás con algo de retraso, quizás 500 años, pero España acude a la cita", añadió este sefardí nacido en Marruecos, cuyos ancestros se refugiaron en el norte de África cuando fueron expulsados de España.
El gobierno estima que alrededor de 90.000 personas pedirán la ciudadanía, aunque también admite que no hay una forma precisa de saber cuántos descendientes cumplen los criterios.
Los candidatos no tienen por qué ser judíos practicantes, pero su pasado judío debe ser acreditado por la Federación de Comunidades Judías de España o los rabinos de su lugar de residencia.
También tendrán que pasar exámenes sobre lengua y cultura españolas, probar su "conexión especial" con España y sufragarse su viaje al país para pedir la ciudadanía en persona.
La ley entrará en vigor en octubre con una vigencia de tres años ampliables a cuatro si fuera necesario.
FUENTE: AFP
