La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó el lunes al departamento de Agricultura indemnizar a los agricultores a los que retira una parte de la cosecha de uvas para regular la oferta y los precios.
En una decisión adoptada casi por unanimidad la mayor jurisdicción del país se puso del lado de una pareja de California que rechazó que se le quitara más de un tercio de su producción de uvas, en el marco de un programa gubernamental con seis décadas de antigüedad.
Ocho de nueve jueces consideraron ese acto como una confiscación de propiedad privada y estimaron que "el gobierno tiene el deber categórico de pagar una compensación justa, ya sea que tome su automóvil o su casa".
Los demandantes, Marvin y Laura Horne, especializados en la producción de pasas de uva, habían rechazado someterse al programa gubernamental dos años consecutivos y habían sido condenados a pagar una multa de 695.000 dólares. En 2002-2003 debían entregar el 47% de su producción y el año siguiente el 30%.
Una corte de apelaciones había juzgado previamente que los cultivadores se beneficiaban de un índice de precios de las pasas de uva superior gracias a este programa.
El departamento de Agricultura argumentó que si no les gustaba la medida podían "plantar otros cultivos o vender sus uvas como uvas de mesa o para usarlas en jugo o vino".
Pero el presidente de la Corte Suprema John Roberts fustigó ese razonamiento indicando que "los derechos de la propiedad no pueden ser manipulados tan fácilmente".
Solo la jueza progresista Sonia Sotomayor votó contra la decisión estimando que el programa no privaba a la pareja de su propiedad sino que solo limitaba los ingresos que puede obtener de la misma.
Desde 1949, un comité decide qué volumen deben entregar cada año al gobierno los productores de uvas. Lo entregado es revendido fuera del mercado, usado para las cantinas de las escuelas o donado a organizaciones caritativas y a gobiernos extranjeros.
FUENTE: AFP