Colombia Internacionales -  19 de febrero 2016 - 14:57hs

Procurador pide a Gobierno aclarar si ordenó retiro militar por acto de FARC

La Procuraduría de Colombia pidió este viernes al Gobierno que aclare si se ordenó el retiro de unidades del Ejército de una población a la que acudieron este jueves delegados de las FARC y advirtió que un "suceso de esa magnitud" no se "hubiera podido llevar a cabo sin la previa autorización gubernamental".

En una carta enviada al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, el procurador general, Alejandro Ordónez, se pronunció sobre la participación del jefe del equipo negociador de las FARC en los diálogos, "Iván Márquez", alias de Luciano Marín Arango, y "Joaquín Gómez", alias de Milton de Jesús Toncel Redondo, junto a guerrilleros armados en un acto en el caserío de Conejo (norte).

"Un suceso de esa magnitud y la asistencia de tan grande número de guerrilleros no se hubiera podido llevar a cabo sin la previa autorización gubernamental de la visita y sin ordenar a la fuerza pública estar ausente del lugar, instrucción que solo puede provenir de la línea de mando, conforme a la Constitución y a las normas que regulen la materia", indicó Ordónez.

Relató que "información revelada por medios de comunicación registra que unidades del Ejército Nacional pudieron recibir órdenes que eventualmente facilitaron la movilización, el ingreso, la concentración y la salida de las estructuras guerrilleras del lugar y la realización del mitin armado".

"La presencia armada ilegal duró varias horas ante la pasividad total de la Fuerza Pública. Es un asunto que debe ser aclarado por el Gobierno Nacional", subrayó el jefe del Ministerio Público en la comunicación.

A su juicio, "no se trató de una visita pedagógica ni de una reunión para socializar los acuerdos en un campamento guerrillero, sino de un típico evento de proselitismo político armado en un casco urbano".

Indicó que a la Procuraduría le llama la atención que "el Comité Internacional de la Cruz Roja, en contra de los principios de neutralidad e imparcialidad a los que está obligado, y los países garantes, Cuba y Noruega, hayan posibilitado la reunión de miembros las FARC con población civil que ha sido víctima en el conflicto armado".

Pidió en ese contexto al Gobierno que tome "las decisiones necesarias para evitar que esa situación se repita".

De igual forma, señaló que las "zonas de despeje" militar fueron prohibidas por ley, por lo que subrayó que el "Gobierno Nacional carece de competencia" para crearlas y que en caso de "hacerlo viola la Constitución y la ley".

Explicó que "el despeje implica un territorio en el cual las Fuerzas Armadas, por orden del Gobierno Nacional, no hacen presencia física durante un tiempo determinado, sea un día, varios meses o años".

"El desconocimiento de ese mandato legal acarrea eventuales consecuencias disciplinarias", sostuvo Ordóñez en la carta y apuntó que "el Estado no puede dejar a la población civil en manos de un grupo ilegal, sean las FARC, el ELN, o las bandas criminales Bacrim, como sucedió en este caso".

Para el jefe del organismo encargado de controlar y vigilar las actuaciones de funcionarios públicos en el país "es incompatible con la Constitución que se repita lo ocurrido en el corregimiento de Conejo, esto es, que decenas o centenares de miembros de las FARC armados tomen una población contando de antemano con la pasividad de las Fuerzas Militares y de Policía".

Al reaccionar a la participación de los jefes de las FARC en un acto público, el jefe del equipo negociador del Gobierno en los diálogos, Humberto de la Calle, señaló este jueves que los delegados de esa guerrilla violaron los acuerdos alcanzados para visitar sus campamentos al tener contacto con la población civil e ir armados.

De la Calle anunció, además, que, por instrucciones del presidente Juan Manuel Santos, "las visitas de los delegados de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) a sus campamentos para hacer pedagogía sobre los acuerdos quedan suspendidas".