La Dirección General Impositiva (DGI) de Uruguay recabó información de más de 3.000 personas físicas que adquirieron sociedades "offshore" (extraterritoriales) a través de algún estudio en el país, dijo este jueves el subdirector de ese organismo, Álvaro Romano.
La semana pasada, la DGI anunció que destinó a 40 funcionarios para investigar la información que se desprendió de la masiva filtración de los datos del bufete Mossack Fonseca de ese país por parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés).
Según esos documentos, Uruguay es uno de los 10 países con más compañías en el extranjero creadas a través Mossack Fonseca, y los clientes del país suramericano adquirieron más de 5.000 empresas en casi 40 años.
"La administración tributaria está realizando actuaciones en todos los estudios que en nuestro país brindan este tipo de servicios (intermediar para comprar una sociedad extraterritorial) y estamos recabando los nombres de las personas que adquirieron esas sociedades", dijo Romano en la emisora local Radio Uruguay.
"Tenemos información de mas de 3.000 personas físicas, que es un número importante, por lo que tendremos trabajo para todo el año", agregó.
Romano recalcó que "desde el punto de vista tributario el hecho de tener una sociedad panameña a priori no es ningún problema" y que lo que hay que comprobar es "para qué se usa y si paga los impuestos correspondientes".
"La DGI controla el normal cumplimiento de las cuestiones tributarias, de ver quiénes son los titulares (de las compañías extraterritoriales) y de que paguen los impuestos" si les corresponde", manifestó el funcionario.
"A su vez, si alguien coloca en el exterior 2 millones de dólares, se le pregunta de dónde lo sacó porque se puede haber generado en una actividad local por la que no pagó tributos", continuó Romano.
La mayor dificultad a la que se enfrenta la DGI es la "opacidad" de los paraísos fiscales, "que no brindan información" y por lo tanto hacen muy difícil saber si un ciudadano "tiene una colocación (de dinero) en el exterior, comentó.
Respecto de la actividad de los estudios de abogados y contaduría, el subdirector de la DGI explicó que su actividad es hacer una gestión para poner en contacto a un proveedor de sociedades, en este caso el bufete panameño, con una persona interesada en adquirir alguna compañía, y que por ese trabajo cobran una comisión.
La actividad es perfectamente legal a no ser que el estudio, además de ejercer de intermediario, "arme toda la arquitectura y estructura de planificación tributaria agresiva", señaló Romano.
FUENTE: EFE