El fiscal general de Paraguay, Javier Díaz Verón, reiteró hoy que no renunciará a su cargo porque sería un "acto de cobardía", pese a ser investigado por la Fiscalía por presunto enriquecimiento ilícito y añadió estar dispuesto a someterse a un posible juicio político por presunto tráfico de influencias.
En declaraciones a la prensa en la sede del Ministerio Público, Díaz Verón explicó que la investigación abierta en su contra la semana pasada por presunto enriquecimiento ilícito cuanto menos es "errónea o no se ajusta a la verdad".
De acuerdo con la investigación, ese supuesto hecho se basa en la tenencia de terrenos en el Chaco paraguayo que figuran a nombre de su suegra o la adquisición de animales para la ganadería que supuestamente no refleja su declaración pública de bienes.
Sin embargo, Díaz Verón mostró los documentos del Registro de la Propiedad que figuran a su nombre y dio su versión sobre los bienes patrimoniales en cuestión.
"En la siguiente semana voy a acercar toda la documentación necesaria que hace a mi patrimonio. Acá el tema que yo considero que tengo que demostrar es qué gané en estos 30 años o qué gané con mi salario a partir de ser fiscal general", afirmó.
Díaz Verón repitió que su idea es demostrar que los bienes de su propiedad son legales y se mostró seguro de aclarar la situación.
"Independientemente de la decisión que se pueda tomar, yo me someto (a la Justicia) y estoy en condiciones de demostrar que mis bienes se corresponden a lo que yo cobré como funcionario público hasta este momento", expresó.
Otro de los puntos tratados por Díaz Verón en la rueda de prensa fue el hecho de estar siendo investigado por sus propios fiscales.
"Siempre dijimos que el fiscal tiene que ser valiente. Yo no les expongo (a los fiscales) absolutamente a nada. Les digo que ellos son independientes. Eso demuestra la independencia en el Ministerio Público en el sentido de que se puede iniciar inclusive una investigación contra el propio fiscal general", indicó Díaz Verón.
También habló sobre los audios filtrados y publicados desde diciembre por la prensa local en los que se le menciona en un presunto entramado de tráfico de influencias entre miembros de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, una causa por la que han sido imputados dos senadores, que además renunciaron a su condición de miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
En ese marco, el pasado diciembre un grupo de senadores solicitaron a la Presidencia de la Cámara Alta la tramitación de un juicio político al fiscal general por presunto trafico de influencias.
Por su parte, desde el opositor Partido Liberal han anunciado esta semana que preparan un documento acusatorio contra el fiscal para iniciar un juicio político en la Cámara de Diputados.
En ese sentido, Díaz Verón dijo que contempla esa posibilidad y que en el caso de que se materialice se defenderá con las explicaciones pertinentes.
"El juicio político es una posibilidad cierta y real que está prevista en la Constitución nacional y yo estoy convencido de que, a partir de que me considero inocente y no realicé ningún mal desempeño de mis funciones, creo que voy a tener la posibilidad, si se da la circunstancia, de explicar y defender", dijo.
Díaz Verón sigue en funciones pese a haber cumplido su mandato y a la espera de que se designe un sustituto tras el rechazo del Senado al candidato que propuso el Ejecutivo, que se decidió el pasado año por la fiscal de la Unidad Antisecuestro Sandra Quiñónez.
El Senado rechazó a Quiñónez y a todo el proceso de elección de la terna de la que está formaba parte, junto al propio Díaz Verón y la fiscal Victoria Acuña, al argumentar que careció de transparencia.
FUENTE: EFE
