Según el ex fiscal y ahora asesor de seguridad del Órgano Ejecutivo, José Abel Almengor, la Ley 28 de telecomunicaciones sólo permite el acceso a la base de datos son orden judicial y no a la intervención telefónica.
Mientras que el abogado, Luis Vásquez, asegura que dicha ley viola artículo 29 de la Constitución Política de Panamá.
