Que el Estado panameño haya aplicado una sanción a la Procuradora General de la Nación por las funciones relacionadas a la investigación de un crimen, y que por otro lado otorgue asilo territorial a una funcionaria extranjera, investigada por un caso de " pesquisas no autorizadas por la legislación de su país ", es una situción preocupante y contradictoria, según el defensor del Pueblo, Ricardo Vargas.
Vargas, quien se refirió este martes al asilo otorgado por la Cancillería panameña a la ex jefa del Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia, María del Pilar Hurtado, expresó además que al momento de tomar este tipo de decisiones " hay que ser mucho más cuidadoso para no dar la sensación de que el país ampara y da impunidad ", y por otro lado, evitar comprometer la responsabilidad internacional del país.
FUENTE: Denise Lara
