Para el dirigente del Comité de Familiares por el Derecho a la Salud y la Vida, Gabriel Pascual, la pensión otorgada por parte del Gobierno para los afectados por el dietilén glycol sirve para cubrir algunos gastos, sin embargo considera que hace falta agilizar el tema en las instancias judiciales.
Pascual detalló que fueron 240 mil envases envenenados entregados por la Caja de Seguro Social, y 110 mil recetas emitidas, sin embargo agregó que el Ministerio Público solo ha procesado unas mil 919 denuncias, de los cuales unas 700 han sido evaluadas, 300 son sobrevivientes y 331 fallecidos.
En tanto, en el proceso penal, específicamente sobre los responsables de este caso, señaló que hay atrasos en el expediente el cual está en la Corte Suprema de Justicia y en el que según Pascual hay magistrados que se han declarado impedidos.
El dirigente indicó que es necesario que se agilice esta parte judicial y se reconozca, oficialmente a demás pacientes afectados por el jarabe. El dirigente se refirió al llanto del presidente durante la entrega de cheques de la pensión para estos afectados, y dijo que para él fue una disculpa la cual aceptó.
FUENTE: Viola Guevara
