La comisión de alto nivel del gobierno del presidente de la República, Juan Carlos Varela inició este sábado un proceso de diálogo con los indígenas que se oponen al proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco que está temporalmente detenido por incumplimientos ambientales, pero que pudiera acarrear futuras demandas al Estado panameño por pérdidas millonarias.
"Estamos muy contentos que se haya abierto esta oportunidad y posibilidad de diálogo. Tengo mucha confianza y vamos a tomarnos el tiempo que se requiera", dijo la vicepresidenta y canciller panameña Isabel De Saint Malo.
"El diálogo es el único mecanismo válido y posible para asegurar el cumplimiento de los derechos de los pueblos (indígenas) así como el cumplimiento de las otras responsabilidades del Estado que tienen que ver con la seguridad jurídica", añadió De Saint Malo al inicio de las conversaciones.
De Saint Malo encabeza la delegación de la Comisión de Alto Nivel creada por el gobierno de Juan Carlos Varela para dialogar con los indígenas sobre la cancelación del proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco.
Las conversaciones, auspiciadas por la ONU y en la que participan varios ministros y miembros de las empresas afectadas se realiza en el distrito de Tolé (Oeste), a unos 400 kilómetros de la capital panameña.
El pasado 9 de febrero el gobierno de Panamá ordenó la suspensión temporal de Barro Blanco, en la provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, por incumplimientos en los estudios de impacto ambiental.
Los indígenas de la comarca Ngöbe Buglé (oeste) rechazan esta hidroeléctrica, cuyos trabajos llevan un 95% de avance, porque temen la inundación y violación de sus territorios, además de la destrucción del río Tabasará (Chiriquí), donde se levanta la hidroeléctrica.
"Lo que esperamos es que se cancele el proyecto y que se respeten las leyes de la comarca (indígena)", dijo a la AFP Rolando Carpintero, alcalde del distrito indígena de Müna -donde se levanta la hidroeléctrica- y uno de los miembros de la mesa del diálogo.
"Hemos sido perjudicados, no se nos ha respetado y han pasado por encima", añadió Carpintero.
El viernes varias asociaciones ecologistas firmaron un comunicado en apoyo a la cancelación de Barro Blanco porque los estudios de impacto ambiental "no deben ser un mero trámite burocrático" sino un mecanismo que garantice el "respeto a los objetivos de desarrollo sostenible".
Sin embargo, la cancelación definitiva del proyecto, financiado por los bancos DEG (Alemania), FMO (Holanda) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), podría acarrear demandas millonarias contra el Estado panameño.
Las empresas que realizan el proyecto, Generadora del Itsmo, S.A (Genisa) e Hidráulica de San José, ambas panameñas, estiman que las pérdidas podrían ser superiores a los 130 millones de dólares.
"Vamos hacer lo que tengamos que hacer para buscar una solución", dijo De Saint Malo, quien reconoció que tanto mantener el proyecto como cancelarlo "tiene consecuencias" que "vamos como panameños a evaluar juntos".
Una vez en funcionamiento la hidroeléctrica produciría 28 megawatios, según sus responsables.
FUENTE: AFP