Los productores de Tierras Altas reconocen que su oficio es prácticamente "el peor negocio".
Exclaman esto, molestos porque tras casi un año de solicitar la derogación del decreto que creó la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (Aupsa), y que según ellos fue creada para favorecer las importaciones, se han dejado de sembrar en Panamá 35 mil hectáreas.
Esto, según explicó el productor Augusto Jiménez en el noticiero matutino de Telemetro Reporta. Jiménez agregó que además hay una deuda "astronómica" en la banca agropecuaria por al menos 895 millones de dólares.
Y es por esto, que este martes demandarán por inconstitucional el Decreto 46, en busca de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) pueda dar una respuesta, debido a que el Proyecto de Ley 188 que presentaron hace un año fue aprobado en la Asamblea, sin embargo recibió el veto por inconveniente por parte del Órgano Ejecutivo y desde entonces no han recibido respuestas a pesar del conocido Pacto por el Agro.
"Las cosas de fondo que hemos pedido se traducen en seguridad jurídica", dijo Víctor Watts otro de los productores previo a la presentación de la demanda.
De acuerdo con el abogado Alvin Weeden, quien representa a los productores, la demanda será presentada a las 10:00 a.m. y asegura que los productores no están en contra de las importaciones sino de las que "importaciones desmedidas". Weeden considera que de declararse inconstitucional este decreto, no se perjudica al Estado porque la ley órganica del Ministerio de Desarrollo Agropecuario contiene las medidas sanitarias aplicables para las importaciones.
