El empresario Gabriel Diez, expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada; Irene Giménez, especialista en temas de economía y finanzas; José Alberto Álvarez, presidente del Colegio Nacional de Abogados; Rosendo Rivera, querellante en el tema de pinchazos telefónicos contra el expresidente Martinelli; Raúl Molina, abogado con experiencia en temas financieros, hicieron en el programa Debate Abierto Dominical, un análisis sobre la solicitud y posible de extradición del expresidente Ricardo Martinelli, y el impacto de las declaraciones del empresario Abdul Waked.
Álvarez, manifestó que el tratado de extradición entre Panamá y Estados Unidos no contempla el delito de escuchas telefónicas, y explicó que el proceso de extradición va a resultar "largo, tedioso y burocrático", detallando que la solicitud se debe enviar primero a la Secretaría de Estado de EEUU, la cual la pasará al Departamento de Justicia, quien evalúa si la figura delictiva es extraditable, posteriormente lo remite al fiscal General del Estado de Florida, quien emite la orden de arresto no apelable, de allí comenzaría la batalla legal de Martinelli con la justicia de EEUU.
En tanto, Rivera manifestó que Panamá debe remitir la petición formal a los EEUU de la orden de extradición para que ese país actúe y Martinelli comparezca ante el estrado de la justicia panameña, "Panamá debe peticionarle a los EEUU, aquí tienes una orden de extradición vea a ver qué hace con este señor, que está acusado no solamente por inviolabilidad del secreto, está acusado por delitos de corrupción".
Respecto al caso Waked, Diez enfatizó sobre las afectaciones tanto a nivel económico, como para los empleados de las empresas, en las que puede repercutir el caso relacionado con acusaciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sobre supuesto delito de lavado de activos procedentes del narcotráfico.
Molina indicó que el Gobierno tiene la obligación de defender los derechos de los empleados de las empresas Waked, así como acudir a las instancias de EEUU para que este tipo de situaciones, en la que aseguró, se violan una serie de disposiciones legales, no se sigan dando, "yo no veo a las autoridades del Gobierno Nacional ejerciendo una defensa, no del señor Waked y de sus empresas, sino de un principio de derechos, que es la presunción de inocencia de cualquier persona mientras no se pruebe en un juicio su culpabilidad", enfatizó.
