Pasadas las 7:00 p.m. de este lunes, los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron en tercer debate el proyecto de Ley 245 que reforma el Código Judicial, el Código Penal y el Código Procesal Penal, sobre medidas que eviten el hacinamiento en Centros Penitenciarios.
De acuerdo con el pleno, las reformas planteadas tienen la intención de agilizar la tramitación de los procesos ordinarios y especiales, sin que ello implique afectación a los derechos de defensa del sindicado con un particular énfasis en las causas penales por homicidio que se surten en sede de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial.
Durante la aprobación de este proyecto en tercer debate, el diputado Crispiano Adames informó que se dejará constancia en acta que la bancada del el Partido Revolucionario Democrático (PRD) se abstuvo en esta votación.
Asimismo, el diputado Leandro Ávila manifestó que este proyecto ayudará a más de once mil detenidos que están en las cárceles del país, tal como lo han sostenido los funcionarios administradores de justicia, aunque se mostró un tanto disconforme por el artículo 20, que favorecerá en algunos aspectos a ciertos personajes.
Rolando Rodríguez, secretario general de la Procuraduría General de la Nación expresó que la delación premiada busca que las personas que están involucradas en un hecho punible, como lo es el imputado, una persona a quien ya se la ha formulado formalmente cargos por la vinculación a un hecho punible, colabore de manera eficaz con el Ministerio Público.
El Artículo 220 establece un mecanismo que permite llegar a acuerdos en materia de la comisión de delitos, tal como se establece en el Código Procesal Penal.
El documento permite que estos privados de libertad tengan la oportunidad de acceder a los programas de reinserción social, es decir, de conmutación de pena, de trabajo, de educarse y que ese esfuerzo que hacen de reinsertarse a la sociedad sea para su beneficio.
Cabe señalar que el pasado 21 de septiembre de 2015, el proyecto de Ley 245, fue presentado por el magistrado José Ayú Prado, presidente de la Corte Suprema de Justicia. El día 10 de enero de 2017 fue aprobado en primer debate y devuelto al pleno el 11 de enero de 2017, para el trámite correspondiente.
Posteriormente fue devuelto nuevamente a primer debate mediante proposición aprobada por el pleno de la Asamblea Nacional el día 24 de enero de 2017, para ampliar el proceso de consultas y realizar las modificaciones que correspondían.
FUENTE: Odalis Núñez
