El anuncio hecho este jueves por el presidente del Órgano Legislativo, Rubén De León, sobre la creación de una comisión que se encargue de investigar las irregularidades reveladas en donaciones, subsidios que se gestionaron desde la Asamblea Nacional, no genera mucha confianza.
Así lo manifestó Juan Gabriel González, presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), señalando que el hecho que sea la propia Asamblea Nacional la que vaya a investigar a sus propios miembros "siempre generará una falta de certeza".
“Hay falta de confianza de la ciudadanía en la clase política y en especial por el deterioro de la imagen palpable de la Asamblea Nacional… no parece viable ni parece prudente porque siempre va a generar una desconfianza, no estoy diciendo con ello que todos los diputado tiene que ser contados con la misma tijera”, declaró González en RPC Radio.
Por otro lado, expresó que es necesario que las investigaciones se hagan de forma transparente, objetiva, con respeto al estado de derecho, al debido proceso y cumpliendo con los procedimientos que establece la ley.
“Por el bien de la ciudadanía, por el bien del propio Órgano Legislativo, es prudente que se investigue, hechos como este no pueden quedar impunes, cada día hay desconfianza y una falta de credibilidad en la clase política… para retomar la confianza lo deben hacer con sus propias actuaciones”, dijo González.
Enfatizó que de comprobarse las irregularidades señaladas no debe existir impunidad. “Si uno u otro ha cometido actos donde se denote la comisión de un hecho punible o corrupción que sea sancionado con todo el rigo de la ley”.
Asimismo el exmagistrado del Tribunal Electoral, Guillermo Márquez Amado, expresó que “la Asamblea Nacional tiene tal desprestigio que si incluso llega a una conclusión no estaríamos satisfechos porque pensaríamos que se está encubriendo a otra persona… el cuerpo de diputados de la Asamblea en general dista mucho de tener la confianza y credibilidad de la ciudadanía panameña”.
Agregó que la investigación debería ser realizada por la Corte Suprema de Justicia o por el Ministerio Público.
FUENTE: Nimay González
