La Industria de Bebidas Alcohólicas en Panamá considera que después de dos meses y medio de tener restricciones comerciales sostener una Ley Seca “no es necesario”, por lo cual solicita a las autoridades que se suspenda en su totalidad.
“Esta decisión permitirá mantener los puestos de trabajo, la recaudación fiscal y eliminar el incentivo al comercio ilícito”, indicó la nota, que detalla que esta industria emplea directamente a 6 mil personas e indirectamente a 45 mil.
El Ministerio de Salud de Panamá ordenó el 24 de marzo Ley Seca en todo el territorio nacional como medida para prevenir la propagación de COVID-19. A inicios de mayo el Gobierno anunció el levantamiento de la medida y en su lugar estableció la venta controlada de bebidas alcohólicas, que permite un máximo de seis cervezas o una botella de licor por persona.
Pese al anuncio del Gobierno Nacional, varios alcaldes decidieron mantener vigente la Ley Seca en sus distritos.
Los industriales sostienen que han respetado las leyes y los decretos establecidos para frenar el incremento de los casos del COVID-19 en el país, y denuncian que “se ha creado un mercado ilícito de alcohol que lejos de evitar el consumo, ha abierto una oportunidad a grupos ilegales para producir y comercializar productos sin controles de calidad, poniendo en riesgo la salud y seguridad de los consumidores, particularmente en las comunidades más necesitadas”.
Destacan que el impacto económico se extiende a todos los canales de comercialización como supermercados, minisúper, abarroterías y almacenes especializados, "actualmente la industria cervecera tiene alrededor de 30 millones de dólares en inventario de producto terminado en sus bodegas y tiendas detallistas que está próximo a vencerse".
Insisten en que mantener la Ley Seca "riñe con la urgente necesidad de reactivación económica de nuestro país".