El equipo de auditoría social de la Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia Católica que fiscaliza el Plan Panamá Solidario ha recibido 199 denuncias en contra de este programa de ayuda a afectados por la pandemia del COVID-19, de las cuales 61 son evaluadas por la Contraloría General de la República.
Las áreas que ha cubierto la auditoría social han sido las provincias de Chiriquí, Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Colón y Veraguas.
Jorge Luis Quijada, director nacional de fiscalización, dijo estas denuncias entran en proceso de evaluación y, en los casos que se amerite, se remitirá una carta firmada por el Contralor Gerardo Solís a cada coordinador provincial para que solucione la queja o denuncia puesta en su conocimiento.
En caso de que amerite una investigación pasará a la Dirección Nacional de Auditoría y, de ser necesario, al Ministerio Público y al Tribunal de Cuentas.
De acuerdo con la Contraloría, entre las quejas más recurrentes es que los beneficiarios no han recibido el bono o la bolsa de comida; otros que aparecen en sistema como si lo hubiesen recibido, pero en realidad no le ha llegado la ayuda, también hubo una denuncia sobre la pérdida de 19 bonos en el corregimiento de Santa Ana. En este caso la persona fue detenida y puesta a órdenes de las autoridades competentes.
La Conferencia Episcopal Panameña y la Contraloría firmaron un convenio de cooperación para garantizar que el Plan Panamá Solidario cunpla con su objetivo de llegar a las familias más vulnerables.