El Consejo de Gabinete aprobó el decreto que extiende por dos años más la aplicación de un derecho arancelario del 30 % a la importación de cemento hidráulico (cemento sin pulverizar o clínker), como medida de protección a la industria local, que beneficia laboralmente a unas 4,385 personas.
Esta nueva prórroga fue solicitada por el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), que proyecta que el consumo de cemento podría registrar una caída con respecto al año anterior debido a la disminución de la demanda interna.
El SIP sostiene que es necesario fomentar la industria nacional, en especial la producción de cemento gris, ya que esto genera valor agregado, mejora el ingreso per cápita y contribuye al desarrollo de la riqueza nacional.
¿Qué decreta el Consejo de Gabinete?
El decreto de Gabinete señala que la producción de cemento en Panamá ha disminuido desde 2014, a consecuencia de la progresiva desaceleración de la economía nacional y del aumento de las importaciones.
Asimismo, la contracción del sector de la construcción, provocada por la pandemia de 2020, afectó gravemente la sostenibilidad de los ingresos de miles de panameños que dependen, de manera directa e indirecta, de esta industria. Para 2024, se proyectó una disminución en el consumo aparente de cemento respecto al año anterior, como resultado de la caída de la demanda interna.
En este contexto crítico para el país, el Gobierno Nacional resaltó que tiene la responsabilidad de implementar las medidas necesarias para proteger a las industrias, asegurando que puedan continuar siendo fuentes de empleo y contribuyan al producto interno bruto (PIB) y al fisco nacional.
¿Cuáles son los aportes de la industria cementera en Panamá?
La industria cementera en Panamá constituye un pilar relevante para el desarrollo económico y social del país y aporta de manera importante en términos de empleo, contribuciones fiscales, encadenamiento productivo y capacidad instalada nacional.
Esta actividad también representa una fuente significativa de ingresos para el Estado. Las contribuciones directas a la Caja de Seguro Social alcanzan los B/.6.6 millones, mientras que el impuesto sobre la renta retenido a los trabajadores suma aproximadamente B/.2.5 millones. En total, las contribuciones fiscales directas del sector ascienden a B/.19.7 millones.