La Unión Nacional de Propietarios de Farmacias (NPROFA) solicitó al presidente José Raúl Mulino el veto total del Proyecto de Ley 226, que amplía los descuentos para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.
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¿Por qué las farmacias piden el veto?
Uno de los principales cuestionamientos de NPROFA está relacionado con el mecanismo previsto para compensar a los comercios por los descuentos obligatorios. Según el gremio, el proyecto contempla que estos descuentos puedan ser compensados mediante un crédito del Impuesto sobre la Renta (ISR).
Los propietarios de farmacias pequeñas advierten que el monto de los descuentos podría superar el impuesto sobre la renta que generan, por lo que, desde su perspectiva, el mecanismo no permitiría recuperar de manera efectiva el dinero utilizado para cubrir los descuentos.
NPROFA sostiene que esta situación podría afectar directamente el capital de trabajo de las farmacias.
¿Qué consecuencias advierten?
El gremio farmacéutico plantea que, de mantenerse la norma en su forma actual, podrían producirse distintas afectaciones al sector.
Entre ellas menciona:
- Cierre de farmacias comunitarias, especialmente aquellas con menor capacidad financiera.
- Pérdida de empleos locales.
- Menor disponibilidad de farmacias cercanas para adultos mayores en comunidades y zonas rurales.
- Mayor concentración del mercado en las grandes cadenas de farmacias.
NPROFA considera que una normativa que genere dificultades financieras a las farmacias comunitarias podría terminar afectando también a los propios jubilados y pensionados que dependen de estos establecimientos para adquirir sus medicamentos.
¿Qué proponen las farmacias?
Los propietarios de farmacias plantean establecer mecanismos reales de compensación, entre ellos un sistema de reembolso directo que permita recuperar los recursos utilizados para aplicar los descuentos.
También solicitan que se establezcan diferencias según el tamaño de los establecimientos, de manera que las obligaciones y sanciones tomen en cuenta la capacidad económica de una farmacia pequeña frente a una gran cadena.
Además, NPROFA pidió abrir un espacio de diálogo con el Gobierno Nacional y entidades como el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Salud (MINSA) para buscar una alternativa que permita mantener los beneficios para los adultos mayores sin poner en riesgo la sostenibilidad de las farmacias.
El llamado de las farmacias a Mulino
El sector solicita al presidente Mulino analizar el impacto de la legislación antes de su entrada en vigor y ejercer el veto total al Proyecto de Ley 226.
Para los propietarios de farmacias, garantizar descuentos a jubilados y pensionados debe ir acompañado de un mecanismo que permita a los establecimientos recuperar efectivamente el costo de esos beneficios.
NPROFA resume su posición señalando que una norma que afecte la operación de las farmacias comunitarias podría terminar reduciendo las opciones de acceso a medicamentos, particularmente para los adultos mayores que viven lejos de las grandes cadenas.
