El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó la Ley 510 de acogimiento familiar, una normativa que regula el cuidado temporal de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad mediante familias acogentes.
¿Qué es familias acogentes?
La nueva ley define el acogimiento familiar como una medida excepcional y temporal de protección, dirigida a menores cuyos derechos han sido vulnerados o que se encuentran sin cuidado parental.
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Durante este periodo, los menores podrán ser acogidos por familias previamente evaluadas, mientras las autoridades determinan una solución definitiva a su situación.
El proceso contará con la supervisión del Estado, que se encargará de garantizar el bienestar de los menores y el cumplimiento de los criterios establecidos por la normativa.
Supervisión del Estado y acompañamiento a las familias
La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, quien también firmó la ley, destacó que la normativa permitirá fortalecer la red de protección infantil en Panamá.
Según explicó, el Estado será responsable de:
- Evaluar y seleccionar a las familias acogentes
- Brindar capacitación previa
- Realizar seguimiento y acompañamiento
- Ofrecer apoyo psicosocial
La ministra aseguró que el objetivo es crear una red solidaria de familias dispuestas a ofrecer cuidado temporal bajo supervisión estatal.
¿Cuándo se podrá aplicar para ser familia acogente?
Con la sanción de la Ley 510 de acogimiento familiar, el país inicia el proceso para implementar el sistema formal de familias acogentes.
Sin embargo, las autoridades deberán establecer reglamentos, procedimientos y convocatorias oficiales para que los ciudadanos puedan postularse como familias acogentes.
Estas convocatorias incluirán los requisitos, procesos de evaluación y capacitación para garantizar que los menores sean ubicados en entornos seguros.
Un cambio en la política de protección infantil
Hasta ahora, el acogimiento familiar en Panamá se aplicaba de forma limitada y sin una regulación específica, lo que generaba vacíos legales y dificultades en la coordinación institucional.
Con esta nueva ley, el país adopta un modelo estructurado de protección infantil, que busca evitar la institucionalización prolongada y garantizar el interés superior del menor.