En la audiencia preliminar que se efectuó este miércoles 30 de noviembre la jueza primera liquidadora de causas penales del Primer Circuito Judicial de Panamá se acogió al término de ley para decidir en el caso “Autopista Arraiján-La Chorrera” (2010-2017) que se sigue contra 11 personas por el delito de peculado.
En este acto de audiencia, que se inició desde las 10:31 a.m., participaron en representación de la Fiscalía Anticorrupción de Descarga los fiscales Kyra Taskón y Ariel De Gracia, así como el abogado de la querella Ricardo Smith, quienes recomendaron a la juzgadora dictar un auto de llamamiento a juicio para los hoy imputados.
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Mientras que en representación de la defensa técnica particular participaron los abogados Carlos Muñoz Pope, Alexander Allard, Rosendo Miranda, Dimas Guevara, José Félix Martín, Basilio González, y el defensor público Samuel Pereira, quienes solicitaron que sus patrocinados sean sobreseídos de los cargos formulados en su contra.
Cabe señalar que previamente, la juzgadora admitió de los defensores Roberto Moreno y Samuel Pereira, presentaran dos incidentes de previo y especial pronunciamiento de prescripción de la acción penal solo en relación con el delito de corrupción de servidores públicos formulado contra tres de los investigados, al considerar que se probó dicho fenómeno procesal, tal como lo refiere una reciente jurisprudencia del Segundo Tribunal Superior de Justicia, en un caso similar.
También la juzgadora declaró en este acto de audiencia la extinción de la acción penal en cuanto a uno de los investigados, al constatarse que falleció en 2018.
Esta investigación cuenta con 128 tomos y guarda relación con supuestas anomalías en los trabajos de ensanche y rehabilitación de la autopista Arraiján-La Chorrera, adjudicados a una empresa constructora durante el periodo 2010-2017.
"Los hechos se dan cuando el Ministerio de Obras Públicas, en el 2010, contrató a la empresa Transcaribe Trading, S.A., para el Proyecto de Diseño y Construcción para la Rehabilitación y Ensanche de la Autopista Arraiján – La Chorrera, en la cual se pagaron y ejecutaron trabajos que no cumplieron con las especificaciones del pliego de cargo, cuyo contrato ascendía a más de B/.161,000,000.00, causando una lesión patrimonial al Estado por el monto de B/.7,914,068.72", puntualizó el Ministerio Público.