El Ministerio de Salud (Minsa) de Panamá, mediante Resolución 371 del 10 de junio de 2022, aprobó el protocolo para la atención integral de la violencia sexual en niñas, adolescentes y mujeres en todas las instalaciones de salud del país.
De acuerdo con el documento, la atención integral debe incluir actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, seguimiento y rehabilitación de la salud de la mujer y del recién nacido tomando en cuenta las esferas biológicas, psicológicas, sociales y culturales.
Los principales ejes del protocolo son: promoción de la convivencia solidaria, prevención de los factores de riesgo, atención en salud integral a la mujer, sistema de información eficiente para la toma de decisiones.
La actuación médica se realiza desde la consulta externa, servicios de urgencia o de atención especializada. Las instancias de salud tanto públicas como privadas están obligadas a proporcionar a la víctima servicios de información, orientación de trabajo social.
El protocolo también enlista los pasos a seguir de acuerdo con la intervención médica requerida como anticoncepción de emergencia, aplicación de la profilaxis post exposición al VIH, tratamiento antirretroviral, profilaxis de otras enfermedades de transmisión sexual y vacunación profilaxix Hepatitis B.
El Ministerio Público brinda cooperación judicial garantizando la asistencia de las víctimas procurando la protección en el proceso penal y sus soluciones alternas, señala el protocolo.
Si la víctima presenta lesiones físicas y requiere asistencia médica, o si se sospecha su existencia, aunque no sean visibles, se trasladará y acompañará al servicio médico correspondiente o al hospital más próximo.
El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) interviene por requerimiento de la Fiscalía, ante la presencia o sospecha de que existen lesiones.
El protocolo indica que las mujeres víctimas de violencia sexual pueden acercarse a la Policía Nacional Dirección de Investigación Judicial, Juez de Paz, instalación pública o privada de salid, organizaciones civiles (no gubernamentales, incluyendo albergues, iglesias), Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educación, Inamu, Senniaf, Senadis, Juzgados de Niñez y Adolescencia.
La resolución señala que todo profesional de la salud que ingrese por primera vez a laborar en el sector de salud público y privado del país, debe ser capacitado en la ejecución del protocolo para la atención integral de violencia sexual de niñas, adolescentes y mujeres.