Panamá Nacionales -  16 de abril de 2025 - 11:18

Presentan demanda de inconstitucionalidad contra Memorando de Entendimiento entre Panamá y EE.UU.

La Corte Suprema de Justicia deberá ahora admitir y evaluar la demanda para determinar si el acuerdo se ajusta a los preceptos constitucionales del país.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El abogado Juan Ramón Sevillano presentó este miércoles ante la Corte Suprema de Justicia una demanda de inconstitucionalidad contra el Memorando de Entendimiento suscrito por el ministro de Seguridad Pública de Panamá, Frank Ábrego, y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth.

La acción legal alega que el documento permitiría el uso de parte del territorio panameño por fuerzas militares estadounidenses, lo cual según Sevillano contraviene el Tratado de Neutralidad que prohíbe la instalación de bases militares extranjeras en Panamá.

“El acuerdo establece el uso por parte de fuerzas militares norteamericanas de áreas en nuestro país. Consideramos que esto es inconstitucional porque el Tratado de Neutralidad establece claramente que aquí no puede haber bases militares”, argumentó el jurista. “El acuerdo establece el uso por parte de fuerzas militares norteamericanas de áreas en nuestro país. Consideramos que esto es inconstitucional porque el Tratado de Neutralidad establece claramente que aquí no puede haber bases militares”, argumentó el jurista.

Presentan demanda de inconstitucionalidad contra Memorando de Entendimiento

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El Memorando, firmado recientemente, contempla ubicaciones específicas donde personal estadounidense podrá realizar actividades en coordinación con autoridades panameñas. Según el texto oficial, el acuerdo garantiza el “pleno respeto por la soberanía y las leyes de la República de Panamá” y no busca contravenir compromisos internacionales, incluyendo aquellos establecidos en el Tratado concerniente a la Neutralidad Permanente y el funcionamiento del Canal de Panamá.

Asimismo, se aclara que ninguna de las disposiciones del memorando pretende contravenir las obligaciones internacionales vigentes, incluidos los compromisos asumidos en el Tratado del Canal de Panamá y el principio de neutralidad permanente.

La Corte deberá ahora evaluar la admisión de la demanda y, de ser aceptada, iniciar el análisis de constitucionalidad del documento bilateral.