El Proyecto de Ley 510, que busca sancionar el fraude de paternidad, fue aprobado este miércoles en primer debate por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional.
Salazar indicó que las modificaciones actuales son "blandas" y buscan un equilibrio para evitar la desintegración familiar o posibles escenarios de violencia. De ser aprobada la ley en el Pleno y sancionada por el Ejecutivo, se establecería una pena de hasta cinco años de prisión para quienes cometan esta falta, siendo la prueba de ADN el requisito indispensable para confirmar o descartar el parentesco.