La Contraloría “no ejerce funciones de policía”: Torres de Bianchini

Con abucheos fue recibida la contralora General de la República, Gioconda Torres de Bianchini, en el Pleno de la Asamblea Nacional, por parte de la ciudadanía que se instaló a las gradas para presenciar la rendición de cuentas que inició a las 4:20 p.m.; donde se solicitó cortesía de sala para los funcionarios que la acompañaron al Órgano Legislativo.

Al inicio de su intervención, Torres de Bianchini se centró en explicar las funciones de la Contraloría y aseguró que este ente "no ejerce funciones de policía, no administra ni denuncia a las instituciones del Estado, por lo tanto, no ejerce funciones de coadministrador de gestión pública"; refiriéndose al ejercicio del control fiscal que ejerce el organismo "estatal, independiente y de carácter técnico". 

Con respecto a la primera interrogante que se refería a la eliminación del control previo a instituciones; aclaró que este no fue eliminado, sino "exceptuado" y que la Contraloría determina los casos donde se ejerce esta normativa; a su vez, detalló las entidades donde se exceptuó (Ministerio de Educación, Ministerio de Obras Públicas, entre otras) y reveló que durante su gestión se realizaron 61 informes de rendición de cuentas, se auditaron un total de 9 entidades, lo que da una cifra de 361 auditorías.

Asimismo, indicó que en el nuevo periodo que inició el 1 de julio hasta la fecha, un total de 9 mil 452 servidores públicos han cumplido con la presentación de sus declaraciones de bienes. Explicó que aquellos funcionarios que no cumplen con el requisito se les suspende el salario y aquellos que hayan salido de sus funciones pero que no lo presentaron, tendrán que pagar una multa, la cual aún no ha sido estipulada.

Sobre si recabó o no informes correspondientes a las partidas asignadas a las juntas comunales, la funcionaria respondió afirmativamente, detallando que a nivel nacional se recabaron 643 informes y que las mismas están relacionadas con diferentes "fuentes" como "desarrollo social, programa nacional para el desarrollo, desarrollo comunitario, transferencia de capital a municipios y construcción de infraestructuras", con base legal en el Artículo 15 de la Ley 13 del año 1984.

De Bianchini detalló las cifras de las contrataciones públicas y de los proyectos llave en mano;  plasmadas en gráficos. "...a partir del 2009 los llave en mano pueden ser modificados, modificaciones hechas por la Asamblea Nacional, son una modalidad de contratación con prestaciones", dijo.

Sobre contrataciones directas realizadas desde el 1 de julio de 2009 al 30 de junio al 2014, la contralora presentó un grafica donde detallaba: Gobierno Central, mil 157.22 millones; descentralizadas, 151.68 millones; empresas públicas, 205.97 millones; intermediarios (bancos), 6.69 millones; municipios, 5.08 millones, lo que hace un total de mil 526.64 millones.

De Bianchini aseguró que los criterios para refrendar la construcción de micro-proyectos como la Ciudad Deportiva de Colón, el Centro de Convenciones de Amador, entre otros; estuvieron sustentados en las normas legales de administración presupuestaria, específicamente en el Artículo 306 sobre control previo.

En la séptima pregunta del cuestionario realizado a la contralora, relacionada a la deuda pública del Estado desde el 1 de julio de 2009 hasta el 30 de junio de 2014, se centró en citar artículos y con una gráfica presentó cifras; pero no profundizó en el tema. Indicó que la cifra de la deuda pública ha aumentado por la ejecución de obras como la autopista de Colón, Saneamiento de la Bahía y el equipamiento de la Línea 1 del Metro de Panamá.





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