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ONU apoya a Latinoamérica en intento de acuerdo sobre derecho medioambiental

Quince expertos en derechos humanos de la ONU expresaron hoy en una declaración conjunta su firme apoyo a los esfuerzos de los gobiernos de América Latina y el Caribe para lograr un instrumento regional que garantice el derecho de acceso a la información, la participación y la Justicia en asuntos ambientales.

"El desarrollo sostenible y los derechos humanos están relacionados entre sí", señaló, en la declaración, el relator especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente, John Knox.

La declaración se suscribe días antes de que los 20 estados miembros de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que representan a más de 500 millones de personas, participen en la reunión de negociación para obtener ese instrumento, que tendrá lugar del 27 al 29 de octubre en Panamá.

"Los derechos de acceso a la información, la participación y la Justicia conforman una parte central de esta relación", agregó Knox en nombre del grupo de expertos de Naciones Unidas.

"Cuando las personas más afectadas por las políticas de desarrollo y medio ambiente, incluidos los pueblos indígenas y las mujeres que a menudo son las principales cuidadoras de la familia, pueden ejercer sus derechos a la información, la participación en la toma de decisiones y la justicia, las políticas son más justas y efectivas", dijo.

"Esta negociación es uno de los pasos más importantes en la protección y promoción de la democracia ambiental a nivel internacional", subrayó el relator, pues "proporcionará un modelo para que se tomen pasos similares en otras regiones y países".

Los expertos consideran que un instrumento regional robusto sobre los derechos de acceso fortalecerá las legislaciones nacionales que implementan acuerdos multilaterales ambientales y las políticas nacionales en otras áreas, como el cambio climático, la gestión de productos químicos y residuos, y la diversidad biológica.

Sin embargo, advirtieron que, si bien la mayoría de los países han expresado su intención de concluir un instrumento jurídicamente vinculante, aún no han adoptado una decisión formal sobre el tema.

"Instamos a los negociadores a que adopten un tratado u otro instrumento vinculante, ya que ésta sería la mejor forma de promover la implementación efectiva de los derechos de acceso y el desarrollo sostenible, y de asegurar que este instrumento fortalezca las capacidades de las instituciones públicas y la sociedad civil", agregó Knox.

Además de Knox, firman la declaración Baskut Tuncak, relator especial sobre la gestión y eliminación de las sustancias y los desechos peligrosos; Dainius Pûras, relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute de salud física y mental, y Léo Heller, relator especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento.

También la suscriben Hilal Elver, relatora especial sobre el derecho a la alimentación; David Kaye, relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; Maina Kiai, relator especial sobre el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas, y Michel Forst, relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos.

Otros firmantes son Philip Alston, relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos; Virginia Dandan, experta independiente sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional; Alfred de Zayas, experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, y Chaloka Beyani, relator especial sobre los derechos humanos de las personas internamente desplazadas.

Finalmente, suscriben la declaración Leilani Farha, relatora especial sobre la vivienda adecuada; Victoria Lucia Tauli-Corpuz, relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, y Eleonora Zielinska, presidenta del Grupo de trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer.