SANTO DOMINGO, República Dominicana (AP) — Los defensores de las miles de personas que enfrentan un controvertido proceso de desnacionalización en República Dominicana anunciaron el jueves que mantendrán sus protestas para demandar que quienes nunca fueron inscritos en el registro civil también sean reconocidos como dominicanos.
"Es una gran injusticia que quienes no pudieron tener acta de nacimiento sean considerados como migrantes, a pesar de haber nacido y crecido en nuestra tierra", comentó Juan Telemin, quien podrá beneficiarse de la nueva ley, tras años de que las autoridades le han negado la copia certificada de su acta de nacimiento por ser hijo de inmigrantes haitianos sin permiso de residencia.
El Senado convirtió en ley la noche del miércoles un proyecto enviado por el presidente Danilo Medina para validar la nacionalidad de los descendientes de extranjeros nacidos en el país entre 1929 y 2007 siempre y cuando estén inscritos en el registro civil y se verifique que no lo hicieron mediante fraude. Para las miles de personas que nunca fueron registradas, muchas veces por la negativa de las propias autoridades, la ley les permitirá regularizarse como extranjeros residentes y optar dos años después por la naturalización.
Estefanie Felipe Brito, de 15 años, explicó que "mi mamá no me ha podido declarar (registrar) porque ella no tiene papeles". Aseguró en una reciente entrevista con The Associated Press que su madre, como ella nacida en República Dominicana, no registró el nacimiento de ninguno de sus cuatro hijos porque el registro civil le negó copias de su acta de nacimiento por ser hija de inmigrantes haitianos.
La exclusión de quienes nunca fueron inscritos viola varias leyes y la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2005 falló contra del estado dominicano por negarse a registrar a dos niñas debido a la ascendencia haitiana de sus padres, explicó a la AP Genaro Ricón, uno de los abogados que participó en aquel proceso.
La nueva ley, que espera su promulgación y la creación de un reglamento para su entrada en vigencia, beneficiará a los afectados por la sentencia inapelable del Tribunal Constitucional que en septiembre de 2013 validó el programa de retención de documentos aplicado por la Junta y ordenó abrir juicios individuales para anular la nacionalidad de todos aquellos que hubieran nacido entre el 16 de junio de 1929 y el 18 de abril de 2007 de padres que no tenían permiso de residencia, como ocurre con la mayoría de los inmigrantes haitianos que se establecieron en los cañaverales dominicanos.
Ana María Belique, vocera del grupo Reconoci.do, saludó en conferencia de prensa la ley, pero también rechazó la exclusión de quienes nunca tuvieron acta de nacimiento.
"Después de grandes sufrimientos y largas luchas hemos logrado que se reconozca algo que era evidente, que somos dominicanos", dijo Belique a quien desde 2011 la autoridades le negaban copias certificadas de su acta de nacimiento.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) también había considerado en un comunicado que la ley debería de beneficiar "a la mayoría de personas afectadas por la decisión del Tribunal (Constitucional), que no están inscritas" en el registro civil.
La desnacionalización generó cuestionamientos par parte de organizaciones internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que recibió cerca de 4.000 denuncias. El Papa Francisco también pidió una solución, aseguró el presidente del Senado, Reinaldo Pared.
Las organizaciones internacionales estiman, según una encuesta de Naciones Unidas, que debido al fallo del Tribunal Constitucional 210.000 dominicanos de ascendencia haitiana perderán la nacionalidad. Pero Roberto Rosario, presidente de la Junta Electoral, insiste que sólo 24.000 personas inscritas en el registro civil serán afectas.
No existen estadísticas ni estimaciones oficiales sobre el número de personas que nunca fueron inscritas.
El primer ministro haitiano Laurent Lamothe saludó la aprobación de la ley y dijo en su cuenta en Twitter que representa un avance "para una categoría de personas que estaban amenazas por la apatridia".
