La fiscalía colombiana citó el lunes a un general retirado por las presuntas ejecuciones de civiles cometidas cuando era comandante del ejército.
El ente investigador convocó para el 31 de mayo al general en retiro Mario Montoya, quien dirigía el ejército cuando organizaciones no gubernamentales y medios locales denunciaron que civiles habían sido asesinados por militares y luego presentados como delincuentes muertos en combate para inflar las cifras de la lucha contra la criminalidad.
El otrora oficial, que también fue embajador de Colombia en República Dominicana, ha rechazado los señalamientos y se ha declarado inocente.
"Vamos a entregar las pruebas que tiene el general que demuestran que siempre fue un abanderado de los derechos humanos", dijo en varias oportunidades Andrés Garzón, abogado de Montoya.
En 2008, mientras Montoya era jefe del ejército, 11 habitantes del municipio de Soacha, al sur de Bogotá, fueron engañados con inexistentes promesas de trabajo y llevados al noreste colombiano donde fueron asesinados por militares.
A Montoya también se lo ha cuestionado por su participación en una operación militar en 2002 en Medellín, la segunda ciudad en importancia del país, en la que según entidades no gubernamentales se habrían cometido serias violaciones a los derechos humanos.
En octubre de 2008 el entonces presidente Alvaro Uribe (2002-2010) y su ministro de Defensa, el actual mandatario Juan Manuel Santos, destituyeron a 27 militares porque por acción u omisión habían permitido muertes de civiles a manos de uniformados.
Desde entonces la Fiscalía inició una vasta investigación y estableció que unas 4.000 personas habrían sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como "falsos positivos", en las que los uniformados hacían pasar las muertes de civiles inocentes como bajas en combate.
Varios centenares de militares activos y retirados están siendo investigados por estos hechos.
En este marco, el general en actividad Henry William Torres Escalante se entregó el lunes por su supuesta responsabilidad en la muerte de un hombre y su hijo menor de edad en 2007 luego de que la Fiscalía ordenara su detención.
Torres Escalante se desempeñaba en un cargo administrativo en el Comando General de las Fuerzas Militares cuando se produjo el doble homicidio en el departamento de Casanare, al este del país.
En un informe sobre derechos humanos en Colombia, Human Rights Watch denunció en 2015 la supuesta negligencia de las autoridades nacionales para procesar a generales y coroneles señalados de haber participado en los "falsos positivos".
A su vez, la organización denunció el lunes que el acuerdo entre el gobierno y las FARC por la justicia transicional, la forma en que los guerrilleros pagarán por sus delitos si se sella un acuerdo de paz, podría ser empleado "para otorgarle una inmunidad amplia a agentes del Estado que cometieron crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad".
De acuerdo con Human Rights Watch la llamada Jurisdicción Especial para la Paz podría incluso "blindar la persecución penal" para los autores de "falsos positivos".
A mediados de febrero Santos aseguró que no habría amnistía para los miembros de las fuerzas armadas.
FUENTE: AP
