Tras el ataque armado desatado hoy en el Hospital Roosevelt de Guatemala, en el que murieron 6 personas y 12 están heridas, algunos funcionarios y políticos abordaron desde su óptica el problema de la violencia, pero casi todos coincidiendo en la propuesta de endurecer las leyes para acabar con las maras.
La excandidata presidencial e hija del exdictador José Efraín Ríos Montt, Zury Ríos, propuso reactivar la iniciativa de la pena de muerte, que ella misma había presentado en el Congreso, a raíz del ataque perpetrado esta mañana.
Mientras tanto, el pleno del Congreso aprobó una moción privilegiada verbal propuesta por el vicepresidente de la Junta Directiva, Felipe Alejos, para conocer en primera lectura la iniciativa de "Ley Antimaras", con 80 votos a favor, de 157 posibles.
El proyecto, que había sido presentado en abril pasado, plantea penas de prisión y la imposición de multas económicas para quienes integren o dirijan las maras, además de reformar el Código Penal y considerar ilegales y prohibidas dichas organizaciones criminales.
A los integrantes, por el hecho de pertenecer a estos grupos delictivos, se les pondrían penas de 6 a 12 años y multas que irían de 50.000 a 70.000 quetzales (entre 6.800 y 9.600 dólares).
Mientras que los dirigentes o cabecillas de las maras serían sancionados con 10 a 15 años de prisión y multas de 100.000 a 250.000 quetzales (entre 13.700 y 34.300 dólares).
Por su parte, el alcalde de la ciudad de Guatemala y expresidente del país, Álvaro Arzú, muy reacio a aparecer en los medios de comunicación, acudió al Hospital Roosevelt para instalar un hospital móvil que supuestamente tiene capacidad para 50 camillas, después de que decidieran cerrar la emergencia por el ataque.
El titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Juan Francisco Solórzano Foppa, ofreció donar un mes de salario (61.500 quetzales o 8.400 dólares) para contribuir a que "entre todos apoyemos" a la construcción de una cárcel de máxima seguridad que impida estos hechos.
Guatemala es uno de los países más violentos del mundo, con una medida de 15 asesinatos diarios, la mayor parte de ellos perpetrados, según las autoridades, por las pandillas y el narcotráfico, dos de las lacras que azotan al país.
En las 22 cárceles que hay en el país, con capacidad para 6.800 presos, en la actualidad hay 22.665 internos, lo que supone un hacinamiento de más del 300 %.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó del 31 de julio al 4 de agosto una visita "in loco" a Guatemala y aunque su informe final se hará público en unos meses sí hizo unas evaluaciones preliminares sobre la situación de los derechos humanos en el país.
En este sentido, advirtió que si no se generan una serie de cambios hay el peligro de volver a cometer graves violaciones a los derechos humanos como durante el conflicto armado interno (1960-1996) y puso como ejemplo la discriminación, la corrupción, las estructuras de poder paralelo o la situación de las cárceles.
Es así como denunciaron el hacinamiento, el uso "excesivo de la prisión preventiva", las deplorables condiciones de detención -con solo una hora de luz solar al día-, el aislamiento prolongado y la falta de control en los penales.
FUENTE: EFE
