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Colombia dice a CorteIDH que no merece condena por asesinato de periodista

El Estado colombiano aseguró hoy ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que no merece ser condenado por el asesinato en 1998 del periodista Nelson Carvajal, mientras la parte acusadora exigió el fin de la impunidad y una sentencia que fije un estándar internacional sobre protección de la libertad de expresión.

En el segundo y último día de audiencia, los jueces de la CorteIDH escucharon los alegatos finales de los agentes del Estado, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la representación de la víctima conformada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el RFK Human Rights.

"El Estado entiende la importancia de desarrollar jurisprudencia sobre libertad de expresión, pero ello no podría hacerse a costa de una condena internacional a un Estado que, como Colombia, no lo merece", dijo la agente estatal Juanita López.

La agente aseguró que Colombia ha investigado diligentemente el caso y además ha creado "un marco institucional robusto con propuestas efectivas e innovadoras para garantizar el derecho a informar y de ser informado".

Nelson Carvajal fue asesinado a tiros en abril de 1998 en Pitalito, departamento de Huila, cuando salía de la escuela primaria en la que daba clases con rumbo a la emisora Radio Sur de RCN Radio, desde donde denunciaba casos de corrupción.

La acusación indica que Carvajal fue asesinado para acallar sus denuncias de corrupción, que el Estado no ha investigado el caso de manera seria y que tras 19 años se encuentra en total impunidad, a lo que se suma que muchos familiares del periodista no fueron protegidos y tuvieron que huir de Colombia debido a amenazas.

Tanto la CIDH -que es la encargada de elevar los casos a la CorteIDH- como la SIP y el RFK Human Rights, pidieron hoy que se condene al Estado por violaciones al derecho a la vida del periodista, a la libertad de expresión, así como a las garantías judiciales de los familiares de la víctima.

Además solicitaron que el fallo fije un estándar internacional sobre las obligaciones de los Estados en proteger y garantizar el derecho a la libertad de expresión y al de buscar y recibir información.

"Los periodistas de toda América miran este caso con atención porque si se obliga al Estado a reparar los daños y proteger a los periodistas, puede iniciar una nueva etapa para la libertad de expresión y de prensa", afirmó el director ejecutivo de la SIP, Ricardo Trotti.

La abogada del equipo legal del RFK Human Rights, Angelita Baeyens, declaró que el Estado colombiano es responsable por la violación al derecho a la vida del periodista, pues se sospecha que hubo participación de servidores públicos en la autoría intelectual.

También señaló que el crimen es una clara violación a la libertad de expresión y que la impunidad del caso evidencia la falta de diligencia de las autoridades para conducir las investigaciones e identificar a los responsables.

Los representantes estatales aseguraron que la acusación debe ser descartada por la CorteIDH y defendieron los esfuerzos realizados para investigar hipótesis que siguen abiertas relacionadas a la participación de empresarios, políticos y guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia (FARC).

En noviembre pasado las FARC y el Gobierno colombiano firmaron un acuerdo de paz tras cuatro años de conversaciones, con lo que se puso fin a medio siglo de conflicto armado.

La agente Ángela Ramírez descartó que haya responsabilidad del Estado en la muerte del comunicador y en la violación del derecho a la libertad de expresión, pues dijo que al momento de los hechos las autoridades desconocían que Carvajal corriera peligro.

Ramírez enfatizó en que "el procedimiento de investigación del caso se ha venido llevando de manera diligente con el fin de dar con todos los responsables" por lo que, aseveró, "no se puede hablar de impunidad".

La CorteIDH, con sede en Costa Rica, emitirá un fallo por este caso en los próximos meses.

FUENTE: EFE