El presidente de Chile, Sebastián Piñera, puso hoy en marcha una comisión de expertos, autoridades, políticos de diversos sectores y representantes de la sociedad civil que trabajará para mejorar la seguridad ciudadana y la lucha contra la delincuencia.
"Todos sienten que están cumpliendo un deber de Estado", afirmó Piñera al término de una reunión celebrada en La Moneda, sede del Ejecutivo, a donde asistieron parlamentarios y alcaldes de la oposición, incluido el izquierdista Frente Amplio.
Sin embargo no acudió el actual senador, exministro y exsecretario general de la OEA José Miguel Insulza, quien fue desautorizado por el Partido Socialista pese a haber adelantado su aprobación a la iniciativa.
Los socialistas, "deberíamos haber ido. A mí me parecía que esto era muy importante, porque probablemente había una propuesta de temas que había que discutir", dijo hoy Insulza, mientras Piñera consideró que "estas alturas el Pánzer no debería pedir permiso", en alusión al apodo que la prensa le dio a Insulza cuando era un personaje relevante de la política local.
Johnny Carrasco, alcalde socialista del municipio de Pudahuel sí estuvo presente y dijo a los periodistas que en temas de seguridad debe actuar según las necesidades de los habitantes de su comuna, por lo cual ni pensó en pedir permiso al partido.
La comisión se enmarca en uno de los cinco temas que Piñera planteó al asumir la Presidencia como asuntos que requerían de acuerdos nacionales para ser enfrentados.
Durante la reunión Piñera dio a conocer los ejes que guiarán el trabajo de la comisión: modernización y fortalecimiento de las policías; sistema de inteligencia del Estado; seguridad pública, fiscalización y control de armas, y mejorar la coordinación entre los actores del sistema de persecución penal.
"El control de armas será un tema central, sobre número y potencia, porque ha habido un aumento considerable de estas" dijo el mandatario, que subrayó también la necesidad de "mejorar coordinación entre todas las instituciones, partiendo por las policías, fiscales, jueces y municipalidades".
El grupo de trabajo tendrá un plazo de 90 días para entregar su primer informe, aunque algunas de sus conclusiones pueden darse a conocer antes.
Un documento del Gobierno sobre las líneas de trabajo subraya que la tecnología debe estar al servicio de esta tarea para reducir ciertas labores accesorias que "actualmente distraen la labor de los policías y fiscales".
En esa línea propone analizar la incorporación de la denuncia por vía electrónica, la eliminación de la toma de alcoholemia e instalación masiva de fotorradares en las carreteras urbanas e interurbanas del país.
A ello se suma la instalación de lectores de patentes, drones para cubrir zonas de alta concurrencia en las ciudades, sobre todo en los barrios más complejos, y cámaras de reconocimiento facial, para la búsqueda de prófugos de la justicia.