La Fiscalía General de Costa Rica realizó hoy un allanamiento en la casa del exmagistrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia Celso Gamboa, por presunto tráfico de influencias.
La diligencia obedece a una causa penal abierta la semana anterior por presunto tráfico de influencias, por aparentemente solicitar a diputados que se ausentaran de la votación en la que se le podía destituir del puesto.
El interés de la Fiscalía era decomisar prueba de interés para el expediente, explicó la oficina de prensa.
El Congreso de Costa Rica, por medio de una votación, destituyó el pasado 10 de abril a Gamboa, por sus supuestos nexos con el empresario Juan Carlos Bolaños, involucrado en una aparente red de tráfico de influencias en tres poderes del Estado.
En ese momento varios diputados denunciaron que Gamboa los llamó o les envió mensajes de texto para que se ausentaran de la votación y así no ser destituido.
En esa votación pública y nominal, cada diputado fue diciendo en voz alta si estaba de acuerdo o no con la destitución del magistrado, lo que arrojó 39 votos a favor de despedirlo, ninguno en contra y dos abstenciones, con 41 legisladores presentes de los 57 que integran el Congreso.
La investigación estaba relacionada con la cercanía que aparentemente sostiene Gamboa con el empresario Juan Carlos Bolaños, y un viaje que supuestamente realizaron juntos a Panamá el 9 de octubre de 2016.
Además, el exmagistrado está envuelto en la polémica del caso conocido como "el cementazo", una aparente red de tráfico de influencias para favorecer las importaciones de cemento del empresario Juan Carlos Bolaños mediante millonarios créditos en la banca estatal y modificación de reglamentos de importación del producto.
Gamboa fue suspendido de su cargo en octubre pasado mientras se le investigaba su relación con Bolaños y otras causas disciplinarias, por las que a inicios de año ya el Congreso le había levantado el fuero para que la Fiscalía le investigara.
El "cementazo" ha salpicado al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pues plantea relaciones del empresario con diputados, el exmagistrado Gamboa, exministros, funcionarios de Gobierno, líderes políticos y funcionarios de la banca estatal.
El Gobierno del presidente Luis Guillermo Solís aplicó cambios a reglamentos del Ministerio de Economía Industria y Comercio para flexibilizar los requisitos para la importación de cemento.
El mandatario compareció ante una comisión del Congreso por este caso en septiembre pasado y ha afirmado que los cambios se efectuaron para romper el duopolio de las empresas Cemex y Holcim y beneficiar a los consumidores, y no para ayudar al empresario Bolaños.
FUENTE: EFE