Gobierno de Nicaragua reclama en medio de crisis antigua indemnización a EEUU. Foto/AFP

EFE

El Gobierno de Nicaragua, en medio de una crisis económica, reclamó este jueves a Estados Unidos una antigua indemnización de 17.000 millones de dólares, por los daños causados al financiar una guerra interna en los años 80 del siglo pasado.

El reclamo de la indemnización, ordenada en 1986 por en una sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), fue abandonado por Nicaragua oficialmente en 1991, pero el Gobierno del presidente Daniel Ortega ha vuelto a insistir en cobrar la millonaria cantidad.

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"El Gobierno norteamericano tenía, y tiene, que pagar a Nicaragua, y nuestro comandante Daniel lo ha recordado incontables veces, que ahí está esa sentencia, moral en primer lugar, y el deber de los Estados Unidos, de pagar a Nicaragua lo que le debe", dijo la primera dama Rosario Murillo, a través de medios del Gobierno.

El nuevo cobro del Gobierno de Nicaragua se da en medio de sanciones económicas de Estados Unidos y Canadá, contra familiares y allegados de Ortega, motivadas por acusaciones de corrupción, violaciones de los derechos humanos, y represión estatal.

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Entre los sancionados está la también primera dama, Rosario Murillo; el hijo de Ortega, Laureano Ortega Murillo; el consuegro del presidente y jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz; y el secretario personal del gobernante, Néstor Moncada Lau.

También han sido sancionados el presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento), Gustavo Porras, el tesorero del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Francisco López, el expresidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, el Banco Corporativo, ligado al sandinismo, y varios funcionarios públicos.

A nivel interno, las personas que se oponen a Ortega, una aparente mayoría, han debilitado los ingresos del círculo presidencial al abstenerse de consumir en negocios del Gobierno o de empresarios sandinistas.

Según el Banco Central de Nicaragua, la economía local retrocedió en 3,8 por ciento en 2018, en medio de la peor crisis sociopolítica en décadas, y podría caer un 1,01 por ciento adicional en 2019.

En julio de 2017 el Gobierno de Ortega reactivó vía legal el reclamo de la millonaria indemnización, en respuesta a la aprobación de la "Nica Act" en el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara baja de Estados Unidos, para frenar los desembolsos internacionales a Nicaragua hasta que este país celebre elecciones "libres, justas y transparentes".

Las elecciones "libras, justas, transparentes y anticipadas" son un reclamo que parece generalizado en diversos sectores de la sociedad nicaragüense.

Desde 1991 Estados Unidos ha dado por cerrado el caso de la indemnización, que en 33 años únicamente ha sido reclamada por Ortega.

Nicaragua traviesa una crisis sociopolítica que desde abril de 2018 ha dejado entre 326 y 594 muertos, en su mayoría jóvenes que han protestado contra el Gobierno de Ortega, según organismos humanitarios locales e internacionales.

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