SIP pide a Panamá asegurar ejercicio pleno de libertad de expresión y prensa. Foto/Ilustrativa EFE

EFE

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) instó este lunes a las autoridades de Panamá a garantizar el ejercicio pleno de la libertad de expresión y de prensa, y a derogar las normas que mantienen la injuria y la calumnia en contra de periodistas en la jurisdicción penal.

En una resolución, la 75 Asamblea General de la SIP consideró que "en Panamá se viene abusando del sistema judicial a través de la presentación en contra de medios, periodistas, columnistas y directivos de querellas penales, demandas civiles y en la jurisdicción de familia por parte de un expresidente de la República y otros ex funcionarios públicos".

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Esas acciones judiciales, alertó, "han obligado a los encausados a invertir, en tiempos de crisis de la industria, importantes sumas de dinero en procurarse una defensa ante los tribunales".

Además, "las exorbitantes sumas que vienen siendo reclamadas a través de estas acciones legales contra los medios, podrían generar un clima de autocensura con consecuencias lamentables para la democracia".

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El informe presentado por Panamá en la asamblea general de la SIP, celebrada en Miami, precisó que "desde marzo pasado el diario La Prensa y sus periodistas fueron querellados 10 veces por el expresidente Ricardo Martinelli, por la posible comisión de delitos contra el honor".

"Ocho de esas causas fueron admitidas por el Ministerio Público y dos rechazadas, las que se encuentran en trámite pretenden reclamaciones civiles por 10 millones de dólares aproximadamente. En total, Corprensa ha sido objeto de 20 querellas penales y 13 demandas civiles con reclamos que totalizan unos 89 millones de dólares e incluyen a 11 directivos y 30 periodistas".

El informe indicó que siguen pendientes de trámite las querellas contra los autores de dos artículos de opinión publicados en los diarios El Siglo y La Estrella de Panamá, uno por el ciudadano Mariano Mena y el otro por el periodista Alberto Velásquez.

También están pendientes de trámite querellas "contra las comunicadoras Mariela Ledezma y Annette Planells por delitos contra el honor. Más recientemente, una querella contra la vicepresidenta de Asuntos Informativos de TVN Media, Sabrina Bacal, por calumnia e injuria. Todas interpuestas por el expresidente Ricardo Martinelli".

Por ello, la SIP resolvió "realizar un llamado a las autoridades para que tomen las medidas necesarias para garantizar el ejercicio pleno de la libertad de expresión y de prensa, respetando los principios de la Declaración de Chapultepec y los tratados internacionales que legitiman el derecho universal a informar y ser informado".

La SIP también invitó a las autoridades panameñas "a derogar las normas que mantienen la injuria y la calumnia en contra de periodistas en la jurisdicción penal, para que estas causas sean llevadas exclusivamente a la jurisdicción civil con los debidos topes en las indemnizaciones que impidan, en caso de una condena, el cierre de medios".

El informe sobre Panamá recoge también la denuncia del Grupo Epasa de que "es objeto de presiones por parte del Ministerio Público y que existe por parte de esa institución un bloqueo informativo mediante la negación del acceso a información pública", y que "habían recibido información de que sus instalaciones serían allanadas por un grupo de fiscales".

"Posterior a la publicación de la denuncia, el Ministerio Público emitió un comunicado y desmintió el allanamiento, además de acusar a Epasa de desinformar para hacerle daño a la imagen de su institución", señaló el informe del país centroamericano.

Añadió que a inicios de septiembre pasado se reunieron representantes de gremios de medios y periodísticos con el nuevo presidente panameño, Laurentino Cortizo, "para evaluar diversos temas relacionados a la libertad de prensa y expresión. El tono de la reunión fue positivo y el presidente se comprometió a cumplir con los principios que establece la Declaración de Chapultepec".

El documento indicó que "sigue pendiente de trámite en el Parlamento Latinoamericano (Parlatino) el proyecto que busca dictar una Ley Marco de Comunicaciones para los países integrantes de la región 'sobre el derecho al libre acceso a la comunicación'".

La propuesta de ley también busca "establecer mecanismos de control por parte del Estado para 'monitorear, advertir y promover' sobre los contenidos de los medios de comunicación, con graves afectaciones a la libertad de prensa y expresión en sus propuestas", alertó la SIP.

La SIP celebró desde el viernes pasado y hasta este lunes su 75 Asamblea General con un programa que abordó una amplia variedad de temas del presente y el futuro del periodismo y la asistencia de más de 300 editores, periodistas, escritores y representantes del sector de la comunicación.

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