Indígenas en Manaos se ven desprotegidos ante la pandemia

AP

Dejaron sus territorios tribales en la Amazonía por la ciudad, muchos buscando una vida mejor. Pero en la pandemia del coronavirus no tienen ni el protector aislamiento de sus tierras de origen ni los servicios del gobierno que les atrajeron a la ciudad de Manaos en un principio.

En la capital del estado brasileño de Amazonas, muy afectada por la pandemia global, viven más de 30.000 indígenas. Muchos han enfermado, con tienen fiebre y problemas para respirar, pero nadie sabe cuántos.

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Los indígenas de Manaos viven juntos en barrios pobres, donde tratan de mantener sus idiomas, cultura e identidad en los márgenes de la sociedad brasileña.

En abril, el ministro brasileño de educación dijo durante una reunión del gabinete: “Odio el término ‘pueblos indígenas’”, porque en su opinión a los indígenas habría que llamarlos simplemente brasileños. El comentario fue ampliamente condenado en Brasil y en el extranjero por los que creen que pretendía borrar la identidad que estas personas intentan preservar.

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Llevan décadas luchando contra el racismo y la discriminación, y sufriendo los peores indicadores de salud en el país, incluida la mayor tasa de mortalidad neonatal. La pandemia sólo lo ha hecho patente.

AP entrevistó y fotografió a más de una docena de indígenas en Manaos y alrededores, que llevaban los tocados tradicionales de su tribu y las mascarillas que utilizan para protegerse del mortal virus.

VANDA ORTEGA, 33 AÑOS, ETNIA WITOTO

“Si no ando con el cuerpo pintado y mis plumas, soy una ciudadana invisible", dijo Vanda Ortega, que vive en el Parque de las Tribus, una comunidad de más de 2.000 indígenas de 35 grupos étnicos a las afueras de Manaos.

Como no hay servicios médicos en su comunidad, Ortega hace de enfermera voluntaria atendiendo a vecinos enfermos que se sospecha tienen el nuevo coronavirus. Se ha convertido en uno de los símbolos de la lucha indígena contra la pandemia, tras alzar la voz para denunciar la negligencia del gobierno, plasmada por ejemplo en la baja cifra de pacientes indígenas en las estadísticas del sistema de salud pública, que los inscribe como multirraciales.

La indignación de Ortega comenzó en abril, después de que le negaran una ambulancia para llevar a un hospital a su vecina de 46 años, que tenía tos y fiebre. La persona que la atendió sugirió que llevara a la paciente a un hospital de campaña para indígenas que había prometido el ministro de Salud, ignorando que ni siquiera existía todavía.

“Si tiene la dirección, por favor envíemela”, le dijo Ortega con sarcasmo. Colgó el teléfono y llevó ella misma en auto a la mujer enferma hasta el hospital más cercano. Con el tiempo tendría que hacer lo mismo para otras seis personas cuando docenas de vecinos enfermaron, incluido el líder de la comunidad, que finalmente murió.

Cuando las autoridades federales visitaron un hospital de Manaos, Ortega se plantó afuera sosteniendo carteles que decían “Las vidas indígenas importan”. El ministro no se detuvo a hablar con ella, pero su protesta atrajo la atención de los medios y acabó dando frutos.

El 20 de mayo, casi dos meses después del primer posible caso de COVID-19 en la barriada, las autoridades locales levantaron por fin una clínica de campaña en el Parque de las Tribus y empezaron a hacer pruebas a los vecinos.

Una semana más tarde, autoridades estatales y federales inauguraron un hospital en Manaos con 53 camas y hamacas en las salas para pacientes indígenas, una pequeña victoria para Ortega, que asistió a la inauguración.

Ella esperaba que tanto la clínica como la rama indígena del hospital se mantuvieran tras la pandemia.

“Llevamos 520 años luchando por una educación y una sanidad que respete nuestra cultura y valore nuestro conocimiento ancestral”, dijo Ortega.

SÔNIA VILACIO, 46 AÑOS, ETNIA SATERÉ MAWÉ

El nuevo coronavirus ha golpeado dos veces a Sônia Vilacio. La primera vez fue cuando los turistas desaparecieron de Manaos. Como otras artesanas en la Asociación de Mujeres Sateré Mawé, que se ganan la vida vendiendo sus creaciones, se quedó sin ingresos. Poco después enfermó con fiebre, problemas respiratorios y tos, síntomas característicos del COVID-19.

“No teníamos analgésicos ni dinero para comprarlos”, dio Vilacio, que vive en un barrio obrero de Manaos con sus cuatro hijos, su marido y otros familiares.

Tenía miedo a los sobrepasados hospitales de la ciudad y decidió quedarse en casa y tratar su enfermedad con remedios naturales que había aprendido a hacer de su abuela, que se mudó a la ciudad en la década de 1970, cuando era una mujer una viuda con siete hijas.

Como las dos generaciones de mujeres antes de ella, Vilacio nunca pudo terminar sus estudios. En lugar de eso trabajaron como empleadas domésticas en casas donde no se les permitía llevar su ropa tradicional y su pintura corporal. “No podíamos usar nuestras plumas”, dijo Vilacio, cuyo tocado indígena representa la protección.

Con ayuda de donaciones, Vilacio y el resto de la familia pudieron comprar máquinas y tela para fabricar mascarillas y venderlas a través de medios sociales. A diferencia de muchos brasileños pobres y desempleados, Vilacio dijo que no podía optar a las prestaciones de emergencia del gobierno federal y por ahora sobrevive con la venta de las mascarillas.

Otros miembros de su familia han enfermado con síntomas de COVID-19, pero sus casos no aparecerán en el conteo de pacientes indígenas del virus porque nunca se les hizo la prueba ni vieron a un médico.

PEDRO DOS SANTOS, 70 AÑOS, ETNIA MURA

Pedro dos Santos es uno de los dos líderes del Parque de las Naciones Indígenas, una barriada en Manaos donde viven 300 familias de 13 tribus en casas de ladrillo desnudo. Allí los niños corren por calles sin asfaltar junto a alcantarillas abiertas. Los grifos sólo tienen agua tres veces a la semana.

Dos Santos se mudó a Manaos con su familia hace más de una década para que su esposa, que sufre problemas digestivos crónicos, pudiera estar más cerca de los hospitales. Sin embargo, lo que encontraron fue un sistema público de salud endeble y burocrático en el que conseguir una cita con el especialista requería meses.

En abril, Dos Santos, su esposa, hijos y nietos enfermaron, todos con síntomas de COVID-19. Después de varios días con fiebre, el jefe de 70 años buscó tratamiento en una clínica pública, pero la enfermera le dijo que estaría mejor en casa, de modo que volvió sin haberse hecho la prueba del nuevo coronavirus. Pronto, uno a uno, el resto de los vecinos cayeron enfermos, sufriendo la fiebre en sus hamacas.

Como muchos en su comunidad, Dos Santos recurrió a plantas medicinales, bebiendo té de raíz de achicoria, ajo y lima, y rezó porque pasara el virus.

“Los pocos que fueron al hospital no regresaron”, dijo Dos Santos, refiriéndose a uno de sus vecinos, que murió poco después de ser entubado. “De modo que nos asustamos”.

TEREZINHA DE SOUZA, 45 AÑOS, ETNIA SATERÉ MAWÉ

A 15 minutos de viaje en bote, nada más salir de Manaos y al otro lado del río Taruma Acu, viven 150 indígenas de cinco etnias que se sienten igualmente abandonados.

A diferencia del Parque de las Tribus y el Parque de las Naciones Indígenas, las poblaciones en la orilla del Taruma Acu son responsabilidad de SESAI, el organismo federal de salud para indígenas. Pero también ellos dijeron que no reciben la atención primaria sobre el terreno que SESAI dijo públicamente que estaba prestando.

Terezinha de Souza, miembro de la etnia sateré mawé, se ocupa de la clínica local: un cobertizo de madera equipado con una báscula y reservas de medicamentos básicos como antibióticos y paracetamol. Como la mayoría en su comunidad, enfermó con fiebre, dolor y una tos seca a finales de mayo. Dijo haber pedido ayuda en un grupo de WhatsApp creado para la pandemia y donde hay trabajadores sanitarios de SESAI.

“Le dije al grupo: Necesito ayuda, estoy débil, no puedo hablar, no puedo levantarme y mi gente viene a mí pidiendo medicación. Ni siquiera puedo darles medicación”, dijo unos pocos días después, de pie en la clínica vacía. “¿Dónde está la gente que cobra por estar aquí?".

Su salud empeoró. El 2 de junio cruzó el río confiando en ser ingresada en la unidad indígena del hospital de Manaos, inaugurada apenas unos días antes. Primero la rechazaron y la enviaron a otro hospital público, donde, tras ocho horas, finalmente fue trasladada de regreso e ingresada en la unidad indígena. La demora provocó una pequeña protesta de otros miembros de su etnia ante el hospital.

Al día siguiente, otros cuatro habitantes de las comunidades del Taruma Acu fueron trasladados a Manaos como posibles enfermos de COVID-19.

De Souza opina que las hospitalizaciones podrían haberse evitado si una enfermera o un médico les hubiera visitado en las primeras fases de la pandemia.

“Pido más compasión con nosotros” dijo. “Más cuidados”.

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