El general Clíver Alcalá se entregó a las autoridades en marzo para enfrentar acusaciones en Estados Unidos en torno a que lideró, junto con Maduro y otras dos personas, una red narcoterrorista durante dos décadas

AP

Un exgeneral venezolano que estaba organizando un ejército de voluntarios para derrocar al presidente Nicolás Maduro dijo que no puede pagar una defensa jurídica para el juicio relacionado con narcóticos que se lleva a cabo en Estados Unidos y en el que está acusado junto con el mandatario socialista de su país natal.

El general Clíver Alcalá se entregó a las autoridades en marzo para enfrentar acusaciones en Estados Unidos en torno a que lideró, junto con Maduro y otras dos personas, una red narcoterrorista durante dos décadas que envió 250 toneladas de cocaína al año a Estados Unidos y convirtió al Estado venezolano en una plataforma para cárteles violentos y rebeldes colombianos. Las autoridades de Estados Unidos habían ofrecido una recompensa de 10 millones de dólares por su arresto.

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Antes de su rendición, Alcalá trabajaba con un ex boina verde estadounidense, Jordan Goudreau, para entrenar en campamentos secretos de Colombia un ejército de voluntarios conformado por desertores del ejército venezolano con planes de una incursión para derrocar a Maduro. El operativo siguió adelante incluso después de que Alcalá se entregó a las autoridades, provocando el arresto de dos exmiembros de las fuerzas especiales estadounidenses que participaron en la incursión y envalentonó a Maduro para tomar medidas enérgicas contra sus oponentes respaldados por Estados Unidos.

Pese a ser acusado de ejercer un enorme poder como el líder de una red internacional de narcotráfico, Alcalá no posee ningún bien significativo para pagar por su defensa, de acuerdo con su abogado Adam S. Kaufmann. Los “escasos recursos” que Alcalá tenía en Venezuela fueron confiscados por el gobierno de Maduro cuando abandonó el país en 2018, dijo Kaufmann en una carta enviada el lunes al juez federal de Nueva York que está a cargo del caso.

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“El propio general Alcalá prácticamente no tiene dinero, su esposa e hija viven en Colombia y dependen de la ayuda de sus familiares para satisfacer sus necesidades diarias básicas”, de acuerdo con la carta.

Kaufmann pidió a la corte designarlo a él como abogado privado a una tarifa que generalmente se paga a defensores públicos federales.

El juez Alvin Hellerstein dijo el martes que Alcalá debe primer presentar una declaración jurada en la que manifieste su incapacidad para costear representación jurídica. Sólo entonces Kaufmann y dos asociados podrán unirse a la defensa bajo supervisión de otro abogado que ya está acreditado por la corte, señaló el juez.

Kaufmann dijo que está calificado para defender a Alcalá debido a que lo ha representado de manera gratuita desde 2014 en interacciones previas con las autoridades estadounidenses, incluida su supuesta relación con los rebeldes colombianos y su designación como narcotraficante por parte del Departamento del Tesoro.

Alcalá afirma que es inocente y ha sido un abierto crítico de Maduro desde antes de salir de Venezuela en 2018.

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